La ONG Foro Penal informó que en Venezuela permanecen 454 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 41 son extranjeras o tienen doble nacionalidad, según un reporte publicado el 27 de abril. El informe detalla que entre los detenidos hay 410 hombres y 44 mujeres; 186 son militares y el resto civiles.
Entre los presos figura un adolescente y dos personas cuyo paradero se desconoce. Estos datos fueron remitidos a la Organización de Estados Americanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Actualmente, según la ONG Foro Penal, solo 164 de los detenidos cuentan con una condena dictada, mientras que 290 permanecen privados de libertad sin sentencia firme.
La organización registró desde 2014 un total de 19.088 detenciones con fines políticos y calcula que más de 11.000 personas están sometidas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país u obligación de presentación periódica ante tribunales. Desde el inicio del registro, más de 14.000 personas fueron excarceladas, aunque muchas continúan bajo vigilancia o restricciones.
El informe más reciente muestra una reducción de 19 casos respecto al reporte anterior del 21 de abril, que contabilizaba 473 presos políticos. La situación actual se desarrolla bajo la ley de amnistía promulgada en febrero, que cubre solo ciertos delitos y periodos específicos.
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La vigencia de esta ley fue debatida públicamente: el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria supervisora, afirmó que la norma sigue vigente y que continúan recibiendo solicitudes; en contraste, la mandataria encargada Delcy Rodríguez indicó que el beneficio llegaba a su fin, sin precisar detalles.
Las autoridades venezolanas comunicaron que más de 8.000 personas fueron amnistiadas, la mayoría bajo medidas restrictivas, aunque no publicaron un listado oficial de beneficiarios.
En paralelo a la publicación de este informe, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, encabezada por Eglée González Lobato, realizó una reunión con familiares de detenidos en operativos fronterizos. Los asistentes expresaron inquietudes sobre las condiciones de reclusión y presentaron casos de “falsos positivos tancol”, término utilizado por las autoridades para identificar a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.
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En este contexto, familiares solicitaron la intervención del presidente colombiano Gustavo Petro para lograr la liberación de 16 ciudadanos de ese país acusados de terrorismo y detenidos en Venezuela.
La Defensoría del Pueblo manifestó a través de sus canales oficiales el compromiso de dar seguimiento a los expedientes y de garantizar la defensa y la integridad de los detenidos.
La situación de los presos políticos en Venezuela también tuvo un eco internacional. El martes, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reunió con el ministro de Comercio Exterior venezolano, Johann Álvarez Márquez, en Roma, para impulsar la liberación de presos políticos y fortalecer los lazos comerciales.
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Durante el foro empresarial Italia-América Latina, Tajani reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos y propuso ampliar el intercambio comercial y las inversiones, especialmente en sectores como infraestructuras y energía.
(Con información de EFE)
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