Una ONG venezolana exigió garantías de independencia en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una de las organizaciones de derechos humanos más activas de Venezuela, exigió este martes que el proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se rija por reglas transparentes y criterios basados en méritos profesionales, y no en lealtades políticas. La advertencia llega una semana después de que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, abriera formalmente ese procedimiento sin precisar cuántas vacantes existen ni en qué salas del máximo tribunal.

“La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes en la selección del fiscal general y la defensora del pueblo, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional”, señaló la ONG en su cuenta de X. La organización pidió que el comité parlamentario encargado opere con convocatorias públicas, plazos definidos, verificación rigurosa de credenciales y acceso a la información suficiente para que la ciudadanía pueda fiscalizar cada etapa del proceso.

La denuncia de Cepaz apunta directamente a los antecedentes más recientes. El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz —ambos figuras afines al chavismo— presentaron sus renuncias a los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo, respectivamente. La Asamblea Nacional constituyó ese mismo día un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado exclusivamente por diputados en ejercicio, en su mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sin incluir representantes de la sociedad civil como exigen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Once organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales —entre ellas Cepaz, Acceso a la Justicia, CIVICUS y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)— denunciaron esa conformación como una violación de los principios de pluralidad e independencia.

El proceso ahora en marcha para renovar el TSJ presenta características similares. El 21 de abril, la Asamblea designó una comisión preliminar de once diputados encargada de instalar el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia constitucional que debe convocar candidatos públicamente, evaluar sus credenciales y elevar una propuesta al Parlamento para la votación final. El presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, reconoció la existencia de “algunas plazas vacantes” de magistrados principales y suplentes, pero no precisó su número ni las salas afectadas. La Ley Orgánica del TSJ exige para cada designación el voto favorable de dos tercios de los diputados, umbral que el bloque chavista controla sin necesidad de apoyos opositores.

La organización Transparencia Venezuela precisó que las vacantes ascienden a 12, es decir, más de la mitad del organismo. En la Sala Constitucional existen al menos dos vacantes absolutas: la magistrada Gladys Gutiérrez dejó el cargo en abril de 2024 al ser designada embajadora en España, mientras que Calixto Ortega fue nombrado representante ante la Corte Penal Internacional y no se reincorporó a sus funciones judiciales. La Sala Social acumula otra vacante tras el traslado del magistrado Carlos Alexis Castillo al Ministerio del Trabajo. En varias salas, la mayoría de los integrantes son ya magistrados suplentes.

El actual TSJ fue designado en 2022, hace apenas cuatro años, en un proceso que también generó cuestionamientos. En aquella ocasión, la Asamblea redujo el número de magistrados de 32 a 20 y permitió la reelección de varios de los salientes, una práctica que colisiona con el artículo 264 de la Constitución, que establece que los magistrados se eligen por “un único período de doce años”.

“Las víctimas de detención arbitraria, persecución política y violaciones de derechos humanos no necesitan un TSJ renovado en nombres. Necesitan un TSJ capaz de sancionar a los responsables y garantizar justicia real”, señaló la ONG. La renovación del tribunal se produce en el marco del “nuevo momento político” proclamado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hace casi cuatro meses, un período en el que el gobierno interino ha acumulado nombramientos institucionales sin alterar el dominio del chavismo sobre los órganos del Estado.