Durante la madrugada de Año Nuevo, decenas de personas detenidas tras las elecciones de 2024 fueron excarceladas en Venezuela, aunque la mayoría sigue bajo medidas cautelares y régimen de presentación ante tribunales.
Familiares y organizaciones no gubernamentales consideran que esta medida resulta insuficiente y mantienen la exigencia de "libertad plena“ para quienes identifican como presos políticos en Venezuela, en un contexto marcado por restricciones judiciales y denuncias de detenciones arbitrarias.
Las excarcelaciones se realizaron principalmente en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, donde, según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, 87 personas recuperaron la libertad en las primeras horas de enero.
Esta organización calificó el hecho como una “libertad limitada”, destacando que los liberados continúan sujetos a procesos judiciales y existen otros detenidos privados de libertad. “Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, señaló el comité, reiterando su demanda de libertad plena para todos los detenidos tras las protestas posteriores a los comicios.
El reclamo fue respaldado por otras organizaciones defensoras de derechos humanos, que remarcaron la naturaleza restrictiva de las excarcelaciones. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que “la libertad no debe ser una concesión a cuentagotas, es un derecho” y pidió la liberación total de los presos políticos.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) indicó haber confirmado hasta ese momento 47 excarcelaciones, con reportes que elevaban la cifra potencial a 87. En tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) reportó la liberación de 54 personas en Tocorón y una más en El Rodeo I, en el estado Miranda, reflejando la disparidad de cifras manejadas por distintos actores.
Desde el régimen venezolano, el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció la liberación de 88 personas bajo medidas cautelares, tras una presunta “revisión integral” de los casos.
Según la dictadura, estas acciones respondieron a delitos acusados tras la jornada electoral y relacionaron las detenciones con supuestas acciones violentas de sectores extremistas orientadas a desestabilizar el país y desconocer los resultados. El comunicado oficial resaltó que los beneficiados por la excarcelación siguen bajo supervisión judicial y defendió la legalidad de los procesos penales.
Tras la jornada electoral y la proclamación del dictador Nicolás Maduro como presidente reelecto, la crisis política en Venezuela se agudizó. La oposición denunció fraude y reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia, mientras que las autoridades impulsaron una estrategia represiva con más de 2.400 detenciones, la mayoría de las cuales terminaron con excarcelaciones. Quienes permanecen privados de libertad enfrentan cargos de terrorismo y otros delitos, de acuerdo con la Fiscalía.
Diversas organizaciones y sectores opositores sostienen que se trata de detenciones arbitrarias y consideran a los afectados como presos políticos.
A escala internacional, el gobierno de Colombia informó que no ha recibido notificación sobre la liberación de ciudadanos colombianos en Venezuela. Simultáneamente, medios internacionales reflejaron que, tras el aumento de la presión de Estados Unidos, las autoridades venezolanas detuvieron a varios ciudadanos norteamericanos, algunos de los cuales podrían ser declarados detenidos ilegalmente por Washington.
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