Ascendió a 866 el número de presos políticos en Venezuela, según informó el Foro Penal de ese país, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y la asistencia legal gratuita a personas detenidas. De acuerdo con el reporte difundido por la ONG hasta el 20 de octubre de 2025, la mayoría de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos son adultos y civiles, aunque también se cuentan 173 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años. El informe detalla que solo 156 de los detenidos enfrentan una condena judicial, mientras que los restantes 710 continúan encarcelados sin sentencia.
El documento de la ONG venezolana subraya que en la semana previa, comprendida entre el 13 y el 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones de carácter político y no se produjo ninguna excarcelación. Además, precisa que 38 personas están en paradero desconocido y que 97 detenidos poseen nacionalidad extranjera. El Foro Penal advierte que muchas familias desconocen el estado y la ubicación real de sus parientes privados de libertad.
Desde 2014, el Foro Penal ha contabilizado un total de 18.532 detenciones por motivos políticos. En este período, asegura haber brindado asistencia legal a más de 14.000 personas que posteriormente fueron excarceladas. No obstante, más de 9.000 excarcelados siguen bajo medidas judiciales restrictivas, como prohibiciones de salida del país, presentación periódica ante tribunales o arresto domiciliario. Según la organización dirigida por el abogado Alfredo Romero, tales restricciones mantienen a los ciudadanos bajo control judicial permanente, constituyendo “limitaciones arbitrarias de la libertad personal”.
La ONG envió su listado actualizado de detenidos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH), con el objetivo de que ambos organismos internacionales verifiquen y certifiquen la información. Foro Penal aclara que la categoría de “preso político” incluye únicamente a quienes permanecen privados de libertad por razones políticas, y no abarca a personas arrestadas y liberadas en menos de 48 horas ni a aquellas retenidas temporalmente durante manifestaciones.
El contexto de los presos políticos en Venezuela ha sido documentado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Todos los organismos coinciden en señalar que las detenciones arbitrarias, la incomunicación y las denuncias de tortura forman parte de un patrón sistemático de represión por parte de la dictadura chavista de Nicolás Maduro en el país.
Entre las irregularidades más frecuentes reportadas figuran el uso de tribunales militares para procesar a civiles, la negación de acceso a abogados de confianza, la prolongación de la prisión preventiva y la ausencia de juicios públicos. Los principales centros de detención mencionados por organizaciones internacionales por sus condiciones son el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los cargos habituales impuestos a los detenidos incluyen “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo” y “asociación para delinquir”, delitos definidos como amplios y ambiguos por organismos de derechos humanos, permitiendo su uso discrecional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha advertido que este patrón de acusaciones y detenciones podría constituir crímenes de lesa humanidad por la gravedad y sistematicidad de las violaciones reportadas.
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