Foro Penal denunció la detención irregular de un francés y un polaco en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada al monitoreo y defensa de los derechos de los llamados presos políticos en Venezuela, confirmó este jueves a la agencia de noticias EFE la detención de dos ciudadanos extranjeros en el país. Se trata del francés Camilo Castro y el polaco Sergiy Rudavskyy, quienes permanecen privados de libertad en circunstancias calificadas como irregulares por sus allegados y diversas organizaciones.

Según informó Foro Penal, Camilo Castro fue arrestado el 26 de junio en la zona de Paraguachón, en el oeste de Venezuela, justo en la frontera con Colombia. En el caso del ciudadano polaco Sergiy Rudavskyy, la detención ocurrió el 7 de enero, cuando se dirigía a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, a bordo de un barco privado.

La organización precisó que, actualmente, hay 89 personas con nacionalidades extranjeras consideradas como presos políticos en Venezuela, cifra que incluye a ciudadanos binacionales.

En respuesta a la situación de inseguridad y tensión bilateral, la Oficina Externa de EEUU para Venezuela (VAU), que opera desde la embajada estadounidense en Bogotá, reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar o permanecer en Venezuela. El comunicado, publicado por la VAU, recuerda la actualización de la advertencia de viaje realizada en mayo, destacando la presencia de “graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles” para quienes visiten o residan en el país suramericano.

Las autoridades del régimen chavista, encabezadas por el dictador Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, insisten en que en Venezuela “no hay presos políticos”, sino personas privadas de libertad por la “comisión de hechos punibles”. Esta postura contradice los testimonios de familiares y ONG, incluidas fuentes diplomáticas extranjeras y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que reportan desapariciones forzadas y vulneraciones al debido proceso.

La familia de Camilo Castro denunció este miércoles, a través de un comunicado difundido por la agencia AFP y confirmado por el diario Libération, que el ciudadano francés lleva cerca de dos meses detenido “sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares”. Sus allegados informaron que Castro, profesor de yoga de 41 años, acudió al puesto fronterizo de Paraguachón con la intención de renovar su visado colombiano, que ya había expirado. Afirmaron también que, tras enviar varios mensajes desde el puesto fronterizo venezolano —incluido uno en que sugería que podría ser devuelto a Colombia—, no volvió a dar señales de vida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó que “sigue con atención la situación del señor Camilo Castro, en contacto con sus allegados” y declinó comentar en detalle sobre su caso individual.

En el caso de Sergiy Rudavskyy, Foro Penal informó que el arresto se produjo cuando el ciudadano se dirigía en embarcación privada hacia la isla de Margarita, sin que hasta el momento haya trascendido públicamente el motivo de la detención, ni el paradero exacto del ciudadano.

El contexto de arrestos y detenciones arbitrarias ha estado marcado por denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional, que en un informe publicado a mediados del mes pasado señaló una política de “desapariciones forzadas” aplicada fundamentalmente desde la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro, afectando tanto a opositores como a ciudadanos extranjeros. “Las autoridades venezolanas parecen estar utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre ‘conspiraciones extranjeras’ y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países”, declaró la organización.

La situación de los detenidos extranjeros y los opositores venezolanos se produce en un contexto de escalada de tensiones con Estados Unidos, que recientemente amenazó con el envío de buques militares al entorno de las aguas venezolanas para combatir el tráfico de drogas, gesto que el régimen de Maduro interpreta como una amenaza directa a la soberanía nacional.

(Con información de AFP y EFE)