Donald Trump: “Venezuela continúa enviando drogas a nuestro país y no podemos permitir que eso suceda”

Tras la reunión que mantuvo este domingo en Escocia con Ursula von der Leyen, Donald Trump se refirió a la dictadura de Nicolás Maduro y fustigó que persiste el envío de drogas a Estados Unidos desde Venezuela.

“Venezuela actúa de forma diferente. Siguen enviando personas que rechazamos en nuestra frontera. Siguen enviando drogas a nuestro país. Venezuela ha sido muy desagradable y no podemos permitir que eso suceda”, aseveró el presidente norteamericano.

Acto seguido, agregó que “ahora tenemos la frontera más segura que hemos tenido jamás” y que “probablemente somos los más exitosos en muchos aspectos”.

Trump vinculó expresamente la política del régimen venezolano con flujos migratorios potencialmente peligrosos y acusó a Caracas de fallas sistemáticas respecto al control de sus fronteras y de complicidad en el tráfico de drogas.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto donde el presidente promueve una línea dura contra la inmigración venezolana. En meses recientes, ha abogado por la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportaciones masivas de venezolanos vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua. En marzo de 2025 ya fueron deportadas más de 130 personas a El Salvador pese a una orden judicial que exigía detener los vuelos.

El gobierno Trump sostiene que este enfoque es parte de su campaña de seguridad fronteriza, argumentando que permite controlar crímenes transnacionales y bandas criminales.

Trump ha situado también a Nicolás Maduro como un dictador en el poder desde hace años y ha criticado la postura del gobierno anterior por facilitar acuerdos comerciales con Venezuela. Ha prometido medidas adicionales, incluyendo revocar concesiones energéticas otorgadas por administraciones anteriores.

Su narrativa se alinea con una estrategia de presión máxima, que incluye sanciones económicas, aislamiento diplomático y vínculos con gobiernos regionales adversos al régimen de Maduro.

Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo en un mensaje publicado en X que el dictador “NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo”.

Rubio sostuvo que Maduro lidera el Cártel de Los Soles, “una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”, y que enfrenta acusaciones por introducir drogas en Estados Unidos.

Las declaraciones de Rubio llegan dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al Cártel de Los Soles en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), catalogándolo como grupo terrorista internacional y fuente de amenazas transnacionales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Washington responsabiliza al régimen de Maduro de lucrar con el narcotráfico y contribuir a la desestabilización regional.

Según el comunicado oficial, la administración estadounidense considera que el Cártel de Los Soles actúa como una agrupación terrorista transnacional y organización criminal. En redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

Las investigaciones de la FBI se concentran en los altos mandos del cártel, integrados por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y funcionarios del Ejecutivo, de acuerdo con comunicados de un portavoz en marzo de 2025. El objetivo declarado es desmantelar por completo la estructura financiera y operativa del grupo, en el marco de una política enfocada en el cierre de fronteras y el combate al narcotráfico. Empresarios vinculados al chavismo también se encuentran bajo observación judicial.

El Cártel de Los Soles es objeto de investigaciones desde 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron procesados por tráfico de drogas, en una evolución que pasó del cobro de sobornos al involucramiento directo en el traslado y distribución de estupefacientes. Durante la década de 2000, se relacionó a altos funcionarios, incluyendo a Hugo Carvajal y Henry de Jesús Rangel Silva, con la colaboración hacia las FARC en circuitos de narcotráfico.