El régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución política en Venezuela al registrar al menos 20 detenciones y desapariciones forzadas en menos de 24 horas, en un contexto de alta tensión política previo a la juramentación presidencial prevista para el próximo 10 de enero. Entre los detenidos, se encuentran dirigentes opositores, activistas y familiares del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien insiste en que ganó los cuestionados comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció la detención arbitraria de seis activistas en los estados Trujillo y Bolívar, quienes fueron identificados como Darío Durán, Marianela Ojeda, Eduardo Briceño, Francisco Graterol, Robert Rea y Jeremy Santamaría. Según el coordinador de derechos humanos de VV, Orlando Moreno, cuatro de los detenidos pertenecen a las filas de su partido. Estas aprehensiones se suman a los casos de Enyer Abreu Jordan, detenido el pasado sábado en Trujillo, y Simón Vargas, arrestado el 2 de enero en Táchira.
“Esto es una muestra más de cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión para intimidar a quienes luchan por la democracia”, expresó Edmundo González Urrutia en sus redes sociales.
En total, las cifras más recientes del Comité de Derechos Humanos de VV señalan que 160 opositores han sido arrestados desde las elecciones de julio, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición y organismos internacionales.
Por otro lado, la desaparición forzada del ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, encendió nuevas alarmas. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que Márquez fue interceptado por agentes encapuchados en la noche del 7 de enero, exigiendo al régimen de Maduro que informe su paradero. Márquez había sido un crítico abierto del fraude electoral, solicitando la publicación de las actas de votación y condenando la represión contra opositores como Juan Barreto.
Además, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, denunció este martes en la tarde el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, mientras este llevaba a sus hijos a la escuela en Caracas. Según González Urrutia, Tudares fue interceptado por hombres encapuchados que lo subieron a un vehículo sin dejar rastro de su paradero.
En paralelo, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció el hostigamiento por parte de agentes chavistas contra su familia, señalando que la vivienda de su madre en Caracas fue rodeada y vigilada con drones, además de sufrir un corte de electricidad. Machado afirmó que esta es una estrategia para silenciar a los opositores y atemorizar a sus seguidores.
La situación ha provocado críticas internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación y pidió que “no haya más represión” en los días previos al 10 de enero. Asimismo, la embajada de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, condenó las recientes detenciones arbitrarias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió un informe el 7 de enero, en el que documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de julio. Según el informe, estas acciones represivas han dejado 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias y casos de torturas y tratos crueles.
En un contexto de aislamiento internacional y creciente represión interna, Maduro anunció el martes la captura de siete supuestos “mercenarios” extranjeros, incluidos dos estadounidenses. Sin embargo, no presentó pruebas ni detalles sobre estas detenciones, las cuales, según opositores, buscan desviar la atención de la crisis interna.
Con apenas tres días para la toma de posesión, tanto Maduro como González Urrutia han llamado a sus seguidores a movilizarse en las calles. Mientras el chavismo convocó a actos masivos en apoyo al mandatario, la oposición insiste en organizar protestas para denunciar el fraude y exigir el respeto a los resultados que, aseguran, otorgan la victoria a González Urrutia.
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