El último balance publicado por la ONG Foro Penal señala que en el país existen 321 presos políticos, de los cuales 140 son militares. En el grupo destaca la presencia de 31 personas con nacionalidad extranjera, incluido el ciudadano argentino Germán Darío Giuliani, detenido en 2025 por el régimen chavista bajo la acusación de terrorismo y narcotráfico.
El registro previo, difundido en octubre, daba cuenta de 322 presos políticos. Se espera que en las próximas horas se produzcan más liberaciones, en medio de la instalación del cuarto ciclo de conversaciones entre el régimen chavista y la oposición.
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La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, declaró en una entrevista que tras conversar con su par oficialista, Jorge Rodríguez, espera pronto el anuncio de nuevas excarcelaciones.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, manifestó el miércoles que los diputados revisarán “los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho”, sin hacer referencia específicamente a los políticos.
Infante subrayó que los legisladores chavistas actuarán siguiendo “una instrucción directa del presidente (del Parlamento), Jorge Rodríguez, de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello, para acompañar todo el proceso de transformación del sistema de justicia penal que se ha emprendido este año”.
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Condiciones
El diputado Jorge Arreaza, miembro de la delegación oficialista que participa en la negociación, marcó diferencias: “Una cosa es solicitar que se evalúen medidas en el marco de un nuevo momento político. Otra es victimizar a quienes atentaron contra la República, robaron armas, entraron con mercenarios, volaron drones con explosivos”.
En estos momentos, 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desarrollan una huelga de hambre para reclamar su liberación. Los uniformados están detenidos por su relación con un intento de levantamiento militar ocurrido el 21 de enero de 2019.
La defensa solicita la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada por Delcy Rodríguez, argumentando que el juez de control desestimó los cargos de terrorismo y delincuencia organizada, dejando en pie solamente el de traición a la patria.
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El régimen chavista destaca que unas 9 mil personas han resultado beneficiadas por la Ley de Amnistía que firmó la presidenta encargada; sin embargo, los defensores de Derechos Humanos demandan la liberación plena para todos los que aún permanecen tras las rejas.
Delcy Rodríguez informó recientemente que exigió a los cuerpos de seguridad no detener a nadie sin orden judicial. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, aplaudió la medida, pero enfatizó: “La represión política no terminará hasta que todos los que fueron detenidos sin orden judicial y sin estar cometiendo delito sean liberados”.
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