Indígenas denuncian que guerrilla y bandas asesinan a sus líderes por el control de la minería al sur de Venezuela

Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se encuentra en Turquía participando en la 31 Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 31), voceras de las comunidades indígenas en el país denuncian que las bandas criminales que controlan la explotación minera al sur de Venezuela están atentando contra la vida de los pueblos originarios.

“Ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando a nuestros líderes, en nuestros propios territorios”, expresó Ana Figueroa, vocera de la etnia pemón, en un foro organizado por la ONG Provea sobre los riesgos de la nueva Ley de Minas para los pueblos indígenas y el medioambiente en Venezuela.

Las palabras de Figueroa llegan en momentos en que se denuncia el asesinato de dos indígenas piaroas en el municipio Cedeño del estado Bolívar, parte del Arco Minero del Orinoco, en medio de los enfrentamientos que sostienen miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La zona está azotada por el conflicto que mantienen los grupos irregulares. En agosto fue secuestrado y asesinado el capitán indígena Julio Rodríguez. La comunidad señaló que fue víctima de un “acto de guerra”, culpando a las disidencias de las FARC de usar drones y artefactos explosivos contra integrantes de la población Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos.

Arremetida

La Segunda Marquetalia de las FARC tomó a principios de mes las instalaciones de una escuela de Fe y Alegría que funciona en el municipio Cedeño. “Docentes y familias han tenido que salir de la comunidad por razones de seguridad”, indicó Carlos Trapani, coordinador de la ONG Cecodap, quien advirtió: “Para la niñez indígena hay además una dimensión que no puede ignorarse. Salir de su comunidad puede significar separarse del territorio, de su cultura, de la familia extensa, de sus docentes y de sus autoridades tradicionales”.

Medios locales reseñaron en agosto el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas en esta misma región, con el fin de combatir al ELN. El despliegue militar obligó a la evacuación de la empresa estatal CVG Bauxilum Los Pijiguaos, según los testimonios prácticamente paralizada por las amenazas de los criminales.

En el foro desarrollado por Provea, Jersy Delgado, representante indígena del estado Amazonas, apuntó que en esa entidad “está prohibida la minería, pero la Corporación Venezolana de Minería y los grupos irregulares la están practicando en el territorio”.

En un taller realizado por esta organización no gubernamental, distintos dirigentes indígenas de los estados Bolívar y Amazonas alertaron que “la expansión de la frontera extractiva y la minería ilegal en sus territorios, constituye la principal causa de las violaciones de Derechos Humanos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas”.

En 2016, Nicolás Maduro creó por decreto el Arco Minero del Orinoco, área de casi 112 mil kilómetros cuadrados que alcanza los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, para la explotación de oro, coltán, diamantes y otros minerales. Las comunidades indígenas afirman que grupos criminales de Colombia y Brasil, así como bandas venezolanas, ejercen la autoridad de facto en esas zonas.

“El Estado venezolano perdió el control físico del territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de proveer servicios públicos esenciales”, cuestiona Provea, resaltando que según los indígenas, “la única presencia estatal se manifiesta a través de la participación explícita en la minería mediante pactos con grupos irregulares”.