Funcionarios de la DGCIM la detuvieron y torturaron para que delatara a un jefe guerrillero: el caso de María José Gualdrón

Después que las disidencias de las FARC tenían años instalados en campamentos de Apure, a donde dirigentes políticos y militares iban con frecuencia, entraron en conflicto con generales y coroneles lo que desembocó, entre marzo y junio 2021, en una guerra que le costó la vida a 16 soldados venezolanos; en ese periodo, el 7 de abril, María José Gualdrón Rivas fue detenida por funcionarios de la DGCIM, fue torturada, presentada primero en un tribunal militar que no encontró los delitos que le imputaban, pero luego un tribunal ordinario la condenó a cuatro años y 10 meses de prisión, por resistencia a la autoridad e instigación a la rebelión; ella debió salir en libertad con presentación periódica, pero lleva más de dos años presa en la cárcel de Santa Ana del Táchira.

José Ricardo Gualdrón, padre de la joven, le dice a Infobae que la juez Xiomara Peña del Tribunal de Guasdualito, estado Apure, no procesa la libertad de su hija, con la ejecución de la sentencia: “Que suelten a mi hijita; ella ya comprobó su inocencia”.

Acude a Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. “Yo sé que ellos pueden ayudarme, porque la familia, todos, somos luchadores y revolucionarios y trabajamos en la calle; que ahora no nos tomen en cuenta y nos tengan así es triste”. Es un convencido que la candidatura de su hija a la alcaldía causó que ahora esté presa. “Fue porque ella iba a ganarles esa elecciones de la alcaldía y pedimos disculpa por eso, porque sabemos que en la revolución no podemos lanzarnos unos por encima de los otros”.

Como en otros casos, el de María José también estuvo plagado de violaciones al debido proceso, secuestro, tortura y actas amañadas de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que después sirven como los únicos testigos, que no el fiscal Ronal Florez ni la juez Xiomara Peña se inmutan ante eso.

Cuando María José Gualdrón fue primero presentada ante el Tribunal Militar de Guasdualito y el Fiscal Militar, Primer Teniente Arévalo; allí revisaron las dos actas policiales que levantaron contra ella, una del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y una de la DGCIM. Cuando le hicieron lo que llaman telemática con los funcionarios actuantes, pero no encontraron evidencia que sustentara la denuncia de los funcionarios.

Ante la inexistencia de pruebas el Tribunal ordinario, de Xiiomara Peña y el fiscal Ronal Flórez, la condenó por instigación a la rebelión y para justificar otro delito le sumaron resistencia a la autoridad, sin que se evidenciara cuándo ni cómo ocurrió eso.

El 7 de abril 2021, a las 10 de la mañana, en la alcabala El Cucharo del Táchira, en la carretera Troncal 5, se instaló un punto móvil de la Policía y ahí estaban los funcionarios de la DGCIM, quienes ya tenían información que María José iba en el minibús de transporte público rumbo al cumpleaños de su papá en Guasdualito. Los Dgcim detuvieron la unidad, subieron, se dirigieron hacia el asiento donde la joven se encontraba y le dijeron: “María José, bájate”.

Le hicieron revisión corporal sin encontrarle nada encima y le dijeron que tenían una orden de captura contra ella emitida por el Tribunal Militar de Apure, por los delitos de Traición a la Patria, Rebelión y Espionaje.

Gualdrón relató todo ante el Tribunal que no consideró su denuncia e ignoró el grave delito de tortura cometido contra ella, porque narró que la encapucharon y la trasladaron a Guasdualito, exactamente frente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y le preguntaban por la ubicación de Jorge Eliécer Martínez alias Arturo, jefe de las Disidencias o el llamado Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure, asegurando que ella era su mujer.

Como los funcionarios de Inteligencia no obtuvieron una respuesta satisfactoria, la trasladaron a Caracas, donde fue torturada por varios días, según su relato ante el Tribunal y el Fiscal, hasta que finalmente la llevaron a los sótanos de la DGCIM en la sede principal de Boleíta. Dijo que durante esos días no le dieron agua ni comida, le colocaron un objeto para aprisionarle la cabeza con fuerza, le colocaron electricidad en el cuerpo y con las manos hacia arriba la esposaban a lo que podría ser una tubería o barrotes de ventana, mientras el frío de algún aire acondicionado helaba su cuerpo.

La familia de María José solo supo que a ella la trasladaron, el 11 de abril 2021, vía aérea, desde Caracas a Guasdualito para hacerle la reseña en el CICPC, hacerle informe en el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y presentarla al Tribunal, para regresarla a Dgcim Caracas. Y si bien es cierto que la doctora Sandra Eslava la vio, no revisó los efectos de la tortura, porque los médicos temen a las consecuencias de hacer lo correcto y enfrentar los abusos de la DGCIM que siempre ha amenazado a los médicos que atienden a los detenidos por ese cuerpo de inteligencia.

Los funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, que dirige el teniente coronel (GNB) Alexander Granko Arteaga, quienes detuvieron a María José Gualdrón Rivas no son los mismos que después aparecen en las actas, porque algunos de ellos fueron destituidos y otros presos. Los únicos testigos contra Gualdrón son los mismos funcionarios de DGCIM.

Quién es la juez

Xiomara Liseth Peña Rodríguez, es la Juez de juicio del circuito judicial penal de Guasdualito, estado Apure. Hace un año fue denunciada al portal FronteraViva por un funcionario de la administración de justicia en Apure, que dan cuenta de varios testimonios indicando que cuando alguna persona era detenida por contrabando de combustible y presentada ante el tribunal, personas del entorno de la juez “exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”.

El pago por la libertad de quien pagaba “se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un amigo de la juez”. Con el tiempo se sintió más segura y poderosa, “a la vez que su entorno creció hasta una tribu judicial, que arregla económicamente cada caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.

Una de las víctimas del cobro dijo en esa oportunidad, 22 de febrero 2022, que “el grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.

¿Cómo funciona el Tribunal de Peña? Con la praxis violatoria al debido proceso que aplican jueces con casos políticos:

“Se niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes. El detenido, si ya tiene defensor privado, debe revocarlo. A partir de ahí se arregla la decisión, de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos para pagar abogado privado”.

“Ahí aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionado con la juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido, sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está dispuesta a tomar para beneficiarlo”.

“En el departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus defendidos”, como ocurrió con el caso de los Tancol en el 2022.

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