Una ONG venezolana pidió al Gobierno chavista el ingreso de organismos internacionales para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos pidieron el viernes, en la sede de la Cancillería en Caracas, que se permita el ingreso de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Venezuela con el objetivo de analizar las presuntas violaciones del Gobierno chavista a las normas que protegen la dignidad de las personas.

Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento en el que pidió también la autorización para que la Cruz Roja Internacional pueda acceder a las cárceles del país y verificar las condiciones de detención. “Queremos que la Cruz Roja y la CIDH puedan constatar las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos”, afirmó Baduel a los medios presentes.

Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió como preso político en 2021, solicitó además el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. En ese sentido, subrayó que este equipo de Naciones Unidas solicitó visitar Venezuela para “constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido”.

El documento presentado por el CLIPP incluyó cinco solicitudes, entre las que destaca que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos para la visita de la CIDH, así como la cooperación con la misión independiente de la ONU. Además, pide que el Comité Internacional de la Cruz Roja obtenga autorización para acceder regularmente a los centros de detención y evaluar condiciones de “salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica” de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el texto reclama establecer un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre “muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas”.

La organización no gubernamental solicitó a su vez a la Cancillería de Venezuela que “asuma un rol activo” en la implementación de la Ley de Amnistía, la cual establece un período de 27 años desde 1999, año en que el chavismo accedió al poder. Sin embargo, la ONG advirtió que la norma solo contempla la amnistía para personas relacionadas con 13 hechos ocurridos en igual número de años, lo que deja fuera otros períodos y casos vinculados a operaciones militares y delitos adicionales.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 51 presos comunes murieron en Venezuela entre abril y julio de 2026, según el conteo publicado el viernes. El pasado martes, el OVP detalló que algunos de los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

La organización Foro Penal, referente en la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que 382 personas continúan encarceladas por motivos políticos en el país. Entre los detenidos, cuatro casos fueron reportados recientemente, aunque la ONG no ofreció detalles sobre estas situaciones.

Según el balance difundido por Foro Penal en X, con corte al 3 de agosto, 356 hombres y 26 mujeres permanecen privados de libertad, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. El informe señala que se desconoce el paradero de una persona.

El reporte precisa que 40 de los detenidos son extranjeros. Además, el balance indica que 158 personas cumplen condena, mientras 224 esperan sentencia en procesos judiciales relacionados con causas políticas.

(Con información de EFE)