La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) proponen que el proceso de reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio, se apoye principalmente en los insumos producidos por los empresarios nacionales.
Industriales y constructores locales plantean “producir primero en Venezuela”, partiendo del principio de que son quienes “cuentan con la capacidad operativa, experiencia en el negocio, canales de distribución y calidad de servicio” para avanzar con la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico.
Los representantes de Conindustria y la CVC expusieron esta idea en una reunión con la coordinadora de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Tomiris Useche. “Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país”, enfatizó Lawrence Dow, segundo vicepresidente del gremio de los constructores.
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El Banco Mundial (BM) calcula que el cataclismo dejó daños materiales por el orden de los 19 mil 600 millones de dólares.
“Con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción requeriría, en gran medida, redirigir recursos de otros proyectos de inversión. En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. En contraste, un esfuerzo de reconstrucción más acelerado, respaldado por una mayor inversión pública y privada, mitigaría el impacto económico y social de los terremotos”, subraya el análisis del BM.
Rápido
Conindustria y CVC afirman que en el país existen “más de 200 leyes restrictivas” que obstaculizan el flujo de inversiones para la reconstrucción. “Ante la inviabilidad de reformar individualmente” cada uno de esos textos, sugieren aprobar “una normativa transitoria que sea un ‘puente’ entre la legislación existente y la deseada”.
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Ese “puente” serviría para “destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificando trámites administrativos, flexibilizando el acceso al crédito de las empresas y que también facilite a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo y con condiciones favorables para las partes”.
Los empresarios advierten que “sin un marco legal ajustado a las dimensiones de la tragedia, la recuperación no logrará materializarse oportunamente”, al tiempo que también destacaron la necesidad de alcanzar la “reinstitucionalización del país” con el fin de “superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial”.
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