La nueva Policía de Terrorismo venezolana arremetió contra la familia y vecinos de un finquero que denunció a Maduro ante la ONU

El mismo día que cierra la presentación, ante la CPI, de testimonios de víctimas por violación de derechos humanos en Venezuela, una comisión de siete hombres, que los testigos en el lugar describen “vestidos de negro azul, con armas AK47 y R15″ llegaron al fundo La Tigra, Guárico. La comisión de funcionarios de la Brigada contra el Terrorismo y Subversión (UCTS) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la presidió el comisario William Mieres, quien preguntó por los hermanos de Reyes Gabriel Hernández González “El Finquero”, de quien dijo que tiene una alianza con abogados y colaboradores económicos, así como norteamericanos que actúan contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No solo es la amenaza contra los hermanos, también contra vecinos de ellos e incluso contra la madre, una anciana que sufrió un ataque al ver que se llevaban a uno de sus hijos preso.

El régimen venezolano cada cierto tiempo va cambiándole la fachada a los organismos que violentan los derechos humanos de personas, inocentes o culpables, civiles o militares, a quienes encarcelan, torturan, amenazan, roban e incluso asesinan. Así lo hicieron con Operaciones Policiales a quienes llamaron: Operación de Liberación del Pueblo (OLP), luego Operación de Liberación y Protección del Pueblo, seguida de Operación de Liberación Humanista del Pueblo; posteriormente apareció el grupo elite Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de quien la entonces Alta Comisionada de DDHH Michelle Bachelet pidió ser disuelta, luego de numerosas denuncias como grupo de exterminio, le cambiaron el nombre por Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) y ahora aparece la Brigada contra el Terrorismo y Subversión, que actuó ayer contra la familia Hernández.

El fundo La Tigra, propiedad de Carlos Eduardo Hernández, está ubicado en el sector Corocito Peñero, entre los municipios El Socorro y Leonardo Infante del llanero estado Guárico; fue el primer lugar al que llegó la camioneta Luv Dmax Chevrolet gris rotulada con los emblemas de la PNB y Antiterrorismo; y en ella los funcionarios dirigidos por el comisario William Mieres, quien anteriormente fue funcionario del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y quien habría dicho que recibía órdenes de Diosdado Cabello.

En la finca no se encontraba el dueño y los funcionarios, la mayoría encapuchados, decidieron entonces llevarse a Humberto Aguilar, encargado de El Corocito, a quien detienen sin razón alguna, lo interrogan y lo liberan a final de la tarde de ayer 7 de marzo. Él explicó que esa propiedad no es de Reyes sino de Carlos Hernández.

Los funcionarios también se acercaron a la finca vecina, Agropecuaria Monte Verde, propiedad de Juan Carlos Risso, y vieron que había un galpón de maquinaria, por lo que aprovecharon para decir que “seguro eso también es de Reyes Gabriel”, la fotografiaron, mientras le decían a Aguilar que debía demostrar que esa maquinaria era suya.

Así detienen al encargado de La Tigra Humberto Aguilar y a su esposa y al vecino Juan Carlos Risso Contreras; y los llevan a la sede policial en Valle de La Pascua. Luego de interrogarlos, horas después los liberan, con el requerimiento de que Risso debe demostrar la propiedad de la maquinaria.

A casa de la madre

Los funcionarios de la PNB fueron posteriormente a la casa de María Piedad Hernández, madre de los hermanos Hernández; “esa vivienda se la dejó su esposo, Reyes María Hernández Moya, quien murió hace años. Los funcionarios fueron a esa casa a buscar a otro hermano de El Gordo, a Jorge Luis Hernández, a quien se llevan detenido; su mamá estaba ahí, asustada y se puso tan mal que familiares la sacaron para una clínica”.

Los funcionarios buscaban a Jorge Luis Hernández diciendo que “nuestros superiores quieren hablar con él” y se llevaron. Le mostraron un video donde se ve El Finquero, ante una cámara de televisión, denunciando a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y a altos jerarcas del gobierno venezolano.

“Esa familia no sabe ni siquiera a qué cargos se refieren, solo palabras sueltas y terrorismo. Es gente del campo que siempre ha vivido en un ambiente campesino; el relacionado con políticos ha sido El Gordo. Preguntarle a esa gente por el teléfono de su hermano, por su ubicación, por lo que está haciendo, no es más que violencia contra los derechos de esa gente. No existe el delito por consanguinidad, eso se lo inventó este gobierno”.

“El Gordo Reyes tenía muchas propiedades, la principal era el hato El Chaparralito en Apure, que los militares se lo quitaron, metieron preso a su abogado y a un juez, pero el resto de la familia no tiene más que pequeñas cosas que han logrado durante décadas de trabajo”.

“Entre lo que le dijeron a la familia es que Reyes Gabriel tenía cinco delitos más y que tenía una red de traidores que estaban financiando el terrorismo en Venezuela y que pasaban información a los Estados Unidos. Esa gente está aterrada, ni saben de qué les hablaban, pero mencionaron que los funcionarios decían que del Gordo Reyes decían que lo buscaban por terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y otros que no recuerdan”, relata a Infobae uno de los testigos.

“No solo es contra la familia, también amenazaron a un productor vecino. Todo se ha dirigido a amenazas contra familia y productores, así como a pedirles que Reyes Gabriel deje de dar declaraciones en los medios y en los organismos que hay en EEUU y en la ONU. ¿Qué tiene que ver la familia, los vecinos, la mamá y los amigos de ellos en lo que pueda o no estar haciendo El Gordo Reyes por allá?”.

“Los funcionarios le dijeron a Jorge Luis que hoy miércoles citarían a su hermano Carlos Eduardo Hernández. Pero todo se basa en que ellos deben declarar y que les van a abrir expedientes porque hay nuevos cargos contra su hermano El Gordo Reyes”. Es decir, que van a enjuiciar a los hermanos porque no pudieron detener a El Finquero ni siquiera porque lo metieron preso varios años, le han quitado numerosas propiedades, no lo pudieron agarrar en Venezuela y después se fue para Estados Unidos, desde donde ha hecho duras declaraciones contra funcionarios del régimen venezolano.

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