Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela marcharon este miércoles de manera silenciosa hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, para exigir justicia por las muertes de detenidos ocurridas bajo custodia del Estado, así como la renuncia del titular de ese despacho, Julio García Zerpa.
“Estamos denunciando lo que sigue pasando en Venezuela, pero a su vez vamos a ir al Ministerio de asuntos penitenciarios para pedir la destitución de quien ha sido cómplice de la tortura y de la violencia”, señaló a EFE Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, minutos antes de comenzar la marcha.
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La manifestación se dio luego de la muerte del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.
El organismo sostuvo que con Quero han fallecido 27 presos políticos bajo custodia del Estado desde 2014, y ninguno “ha recibido justicia verdadera”.
Por su parte, Aurora Silva, esposa del recientemente excarcelado Freddy Superlano, dijo a EFE que el objetivo de la manifestación es seguir visibilizando la situación de los detenidos por motivos políticos, especialmente después de la muerte de Quero.
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“Tenemos que velar porque todos sean libres y que salgan de esas prisiones injustas y puedan reencontrarse, darse ese abrazo familiar que tanto anhelamos los venezolanos en este momento”, agregó.
Los manifestantes caminaron desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en el este de Caracas, sin gritar consignas. La mayoría de los asistentes se pusieron cinta adhesiva negra en los labios mientras cargaban carteles con fotografías y nombres de presos políticos.
En el centro de la marcha, cargaron un ataúd de cartón con los nombres de todos los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado.
Al llegar a la sede del ministerio, los asistentes comenzaron a corear “ni un muerto más”, “que cierren los centros de tortura”, “ministro indolente, remoción urgente”.
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Desde ese punto, Baduel mostró una carta —posteriormente entregada en la cartera de Estado— en la que le exigen al ministro García Zerpa su renuncia por ejercer una gestión “manchada de sangre”.
“Le decimos en esta carta no solo el horror y las exigencias que hemos venido reiterando durante años, sino que si tiene un poquito de respeto por sí mismo y un poquito de compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar”, subrayó.
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