María Lourdes Afiuni, la presa de Chávez que clama por su libertad tras 17 años de castigo

María Lourdes Afiuni se convirtió en la presa política por antonomasia. En una cadena de radio y televisión a finales de 2009, el presidente Hugo Chávez solicitó que a la jueza Afiuni la condenaran a 30 años de prisión, la máxima pena en Venezuela, por ordenar la excarcelación del banquero Eligio Cedeño, acusado de delitos financieros por el gobierno.

El caso de Cedeño estuvo plagado de irregularidades, tanto que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas concluyó que su arresto violaba el debido proceso.

Siguiendo la recomendación de esa instancia de la ONU, la jueza Afiuni favoreció al empresario otorgándole medidas cautelares, lo que desató la furia de Chávez y marcó el inicio de un calvario que ya acumula 17 años.

Eterna

El jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunció este martes que el régimen chavista liberará a otros 300 presos políticos. Al conocer la noticia, la jueza Afiuni publicó en la red X: “¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?”.

Más que ironía, el mensaje de quien fuera durante ocho años presidenta del Tribunal 31 de Control de Caracas encierra impotencia y dolor.

Afiuni fue detenida el 17 de diciembre de 2009 y encerrada sin tener una sentencia en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (cárcel del INOF) hasta febrero de 2011. Después recibió el beneficio de arresto domiciliario y le fue concedida la libertad condicional en junio de 2013.

Casi una década más tarde, en marzo de 2019, por fin terminó su juicio. Para su desgracia, con una condena a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, esto porque jamás pudieron comprobar que recibiera un soborno, pese a que Chávez siempre afirmó sin pruebas que el banquero Cedeño le había pagado a cambio de su liberación.

A pesar de todo el tiempo transcurrido, el tribunal tercero de ejecución de Caracas considera que Afiuni aún no ha completado su pena. Por esa razón siguen vigentes las prohibiciones de salida del país y de declarar a medios y usar redes sociales, además de otras restricciones que le impiden ejercer su profesión.

“Aunque al final la condenaron a cinco años, Afiuni en la práctica ha pagado una pena de 17 años. Tiene 11 años sin poder ver a su hija, que vive en Estados Unidos con sus dos nietos y que también fue acusada de traición a la patria, y tampoco le permiten trabajar, aplicándole en los hechos la doctrina de muerte civil”, explica una fuente con conocimiento del caso.

La defensa de Afiuni introdujo una petición para acogerse a la recién aprobada Ley de Amnistía, si bien el texto excluye taxativamente los delitos asociados con la corrupción. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta.

Impacto

Activistas de Derechos Humanos y expertos legales destacan que la detención de Afiuni partió en dos la historia en cuanto a la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial venezolano. A partir de ese momento, aumentaron las presiones de Miraflores y los jueces evitaron contradecir las órdenes del régimen.

La Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados denunció el ataque a la autonomía judicial en el país, al tiempo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH registró las torturas y abusos que padeció Afiuni durante su cautiverio.

“Pasa y pasa el tiempo y van 16 años de agonía, sentenciada por corrupción espiritual, delito que no existe, la jueza Afiuni no merece esta precaria situación económica, de angustia, sin poder conocer a sus nietos, mucho tiempo sufriendo”, expresó en redes su hermano Nelson Afiuni, quien se mantiene exigiendo una libertad que no llega.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez está impulsando la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y adelantó que sacudirá el sistema penal. Sin embargo, el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cree que antes de emprender cualquier transformación, hay que dar un paso urgente. “Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni”, reclama Daniels.