Para los argentinos, los funcionarios deberían ser los últimos en vacunarse contra el COVID-19

Mientras el mundo avanza en la inmunización de las poblaciones de riesgo para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19, la Argentina diseñó lo que desde el Gobierno dieron en llamar la campaña de vacunación más importante de la historia, aunque a juzgar por las dosis arribadas y aplicadas en el país, los resultados distan mucho de los objetivos planteados inicialmente.

Estos resultados ponen en evidencia las fisuras que hoy tiene el proceso de la vacunación en nuestro país que obliga a las autoridades sanitarias a enfrentar dos principales problemas: administrar el tiempo de la escasez de la llegada de las vacunas y, como si no se tratara de procesos complementarios, la necesidad de dinamizar el ritmo enlentecido de las inoculaciones hasta hoy, mientras crece la expectativa inexorable de la segunda ola de contagios.

El plan de vacunación con participación de la Comisión Nacional de Inmunización definió que había grupos para priorizar. Por un lado, el personal que se considera estratégico para el funcionamiento del país, como el personal de salud, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios, y el personal docente. Por otro lado, fueron priorizados los adultos de 70 años y más, las personas mayores residentes en hogares de larga estancia, adultos de 60 a 69 años, y los adultos 18 a 59 años con factores de riesgo.

Sin embargo, el proceso argentino de distribución e inoculación con las vacunas no estuvo exento de escándalos y, a pesar de existir un protocolo y un orden para la vacunación, a lo largo de las semanas fueron apareciendo sugerencias de que había quienes podían saltar la fila. Luego de algunos días de destapado el escándalo del “Vacunatorio VIP”, que obligó a Alberto Fernández a desplazar a Ginés González García del Ministerio de Salud, el Gobierno difundió una lista con los nombres de 70 personas que recibieron la vacuna Sputnik V antes que, por ejemplo, médicos y otro personal de salud, que se encontraban en el primer lugar en la lista de prioridades.

Recientemente, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), presentó el primer informe de una encuesta denominada “Opiniones sobre prioridades y criterios a seguir en el plan de vacunación”.

“Si usted fuera Ministro/a de Salud o Presidente de la Nación y tuviera que definir el plan de prioridades para darle la vacuna contra el COVID-19 a disBntos grupos de profesionales, de edad o de ámbitos laborales, ¿qué orden de prioridad definiría?”, se les preguntó a los participantes.

El orden de prioridades establecido por los encuestados mostró que el grupo considerado en el primer orden de prioridad fue el de los profesionales de la salud, seguido por el grupo de adultos mayores de 60 años y por el de las personas con factores de riesgo debido a enfermedades preexistentes. Los dos grupos considerados, en términos relativos, con menor urgencia en cuanto a su vacunación fueron el de funcionarios políticos y el de jóvenes de 18 a 35 años.

“Está claro que la gente está priorizando a aquellos con mayor riesgo. Este ordenamiento de prioridades que realiza la gente, constituye una clara interpelación a lo que hemos estado viendo como sociedad con la vacunación de funcionarios y allegados al poder y de segmento de jóvenes militantes políticos. Esto genera gran impotencia en la sociedad al tiempo que es un búmeran para aquellos que están llevando a cabo la estrategia de vacunación y para el Presidente que la defiende porque mina absolutamente la confianza”, sostuvo en diálogo con Infobae Gustavo González, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA y coordinador principal del informe.

Según una encuesta del monitor Nacional de Taquion, Horus, Inclusión y Gestión Federal, que recogió datos hasta la segunda semana de febrero, el 72 por ciento de los usuarios de redes sociales se manifestaron de manera negativa sobre el escándalo del “Vacunatorio VIP”, con palabras que resumen el malhumor social derivado de conocer la existencia de privilegiados que podía saltar la fila y recibir un trato especial por su cercanía con el Poder: “corruptos” y “vergüenza” fueron los términos que la encuestadora registró como los que lidera las menciones sobre el tema.

“Las emociones que predominan son el enojo, la desilusión y la indignación, junto con un fuerte reclamo hacia el gobierno nacional. Sin lugar a dudas, este tema va a ser troncal para la elección que se avecina: marchas convocadas por la oposición, el discurso que acusa una campaña de desinformación y, en el medio, una sociedad descreída y tironeada entre polos”, destacaba el informe sobre opinión pública al que tuvo acceso Infobae.

En simultáneo, Taquion registró un fuerte aumento (del orden del 50 por ciento) en el sentimiento negativo respecto de la cuarentena en la actualidad, comparado con lo que se podía relevar hace exactamente un año atrás, “pasando del orgullo a la ira, de la tristeza a la grieta”. A su vez, el sonde advirtió que “el desinterés, el miedo y la desconfianza se encuentran dentro de los primeros sentimientos cuando se leen titulares que mencionan a la política”.

Por último, los hallazgos develados por la encuesta de OPSA mostraron que en cuanto a la predisposición que hoy tiene la gente para afrontar eventuales nuevas medidas restrictivas a la circulación se observa que la sociedad está muy dividida en sus actitudes: 52% acatarían totalmente lo que indiquen las autoridades sanitarias, un 26% acatarían sólo parcialmente y un 13% no acataría ninguna medida restrictiva. “Ya nadie cree que el Gobierno esté haciendo las cosas bien, sino que está cometiendo demasiados errores y actos no éticos e inmorales”, concluyó González.

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