Pidieron llevar a juicio a los acusados por la caída del avión sanitario en Río Grande que dejó a cuatro víctimas

A cuatro años de la tragedia aérea de Río Grande, que dejó un saldo de cuatro muertos, el fiscal federal Marcelo Rapoport solicitó la elevación parcial a juicio de cinco integrantes del taller Air Delta S.R.L. Se trata de los profesionales que estaban a cargo de la revisión y mantenimiento del avión sanitario Learjet 35A.

El requerimiento fue presentado el 8 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación alcanza a tres mecánicos, identificados como J.G.G., M.A.V. y A.L.E.; al inspector D.G.S.; y al representante técnico R.O.A.B. Todos fueron imputados por el delito de accidente aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, en calidad de coautores.

A partir de las pericias realizadas, la Fiscalía identificó como causa central del accidente la falta de locking clips o clips de bloqueo. Se trata de piezas de seguridad destinadas a impedir que los tensores de los cables de interconexión de alerones se aflojen durante el vuelo.

Como resultado de ese proceso, se produjo una desconexión de los cables y la pérdida de control de la aeronave durante el despegue. Asimismo, plantearon que las vibraciones del vuelo habrían provocado que se desenroscaran los tensores de los cables que intervienen en su funcionamiento.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, las omisiones se habrían dado en dos órdenes de trabajo ejecutadas por Air Delta S.R.L., empresa dedicada a la reparación de aeronaves. En el caso de que fueran encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de prisión.

La primera intervención cuestionada corresponde a la orden de trabajo N° 1605, realizada el 28 de febrero de 2020, que incluyó tareas de tensión de los cables. Para el fiscal, el procedimiento no se completó porque no se instaló el clip de bloqueo.

Según el sitio Fiscales, la tarea fue asignada a J.G.G. D.G.S., en su función de inspector, debía verificar que se hubiera realizado en forma correcta, mientras que R.O.A.B. tenía responsabilidades de supervisión como representante técnico del taller.

La segunda orden de trabajo, identificada con el N° 1819, fue realizada el 30 de noviembre de 2021. En esa oportunidad se revisaron los cables para constatar que no presentaran daños ni desgaste, pero tampoco se detectó ni corrigió la ausencia de la pieza de seguridad. Esa omisión fue atribuida a M.A.V. y A.L.E., además de D.G.S. y R.O.A.B.

De hecho, el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, perito oficial que trabajó junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyó que la falta de ese elemento fue determinante en el siniestro. En su informe final calificó la omisión como una “falta gravísima, causante del accidente”.

No obstante, Rapoport sostuvo que la conducta de los imputados debe ser evaluada a partir de deberes de cuidado diferenciados y sucesivos dentro del taller. Por eso, encuadró la imputación bajo las reglas de la autoría concomitante o concurrente, aplicable cuando distintas infracciones individuales confluyen en un mismo resultado.

“No nos encontramos ante un deber de cuidado común u homogéneo, sino ante deberes objetivos de cuidado específicos, delimitados y sucesivos”, afirmó el fiscal en su presentación. Además, rechazó el argumento de los acusados sobre una supuesta falta de claridad en el manual de mantenimiento.

En respuesta, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó que los mecánicos, el inspector y el representante técnico debían conocer la obligación de colocar los clips de bloqueo tras las tareas sobre los tensores.

Así fue la tragedia aérea de Río Grande

El 1° de julio de 2022, el Learjet 35A de la empresa Flying America S.A. debía cubrir un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande hacia Buenos Aires. Sin embargo, luego de iniciar el despegue por la pista 26, el avión alcanzó pocos metros de altura y perdió el control.

Según describieron, la aeronave se inclinó a la izquierda, se niveló de manera momentánea y volvió a rolar hacia ese lado antes de caer. El impacto se produjo a unos 1.870 metros de la cabecera de pista y a 300 metros a la izquierda de su eje.

Poco después se confirmó que los cuatro pasajeros habían muerto producto del accidente. Las víctimas fueron el piloto Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore, la enfermera Denise Torres García y el médico Diego Ciolfi. Además, el avión quedó destruido e incendiado.

Durante la investigación se analizaron las grabaciones de cabina, las comunicaciones con la torre de control, el combustible, los motores, los reportes meteorológicos, las órdenes de trabajo y el historial de mantenimiento de la aeronave y del taller.

Con el avance de la causa, los cinco integrantes de Air Delta fueron procesados sin prisión preventiva el 20 de noviembre de 2025 por el mismo delito por el que la fiscalía ahora pidió llevarlos a juicio.

El 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos. En cambio, revocó la situación procesal del socio gerente de la empresa, para quien dictó la falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba.