Detuvieron por una causa de abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero, la niña de San Luis desaparecida hace 5 años

La investigación por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero sumó un nuevo capítulo este domingo con la detención de Roque Lucero, abuelo paterno de la niña desaparecida desde junio de 2021 en la ciudad de San Luis.

La medida fue ordenada en el marco de una causa independiente en la que el hombre es investigado por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

Según publicó El Chorrillero, la denuncia fue presentada durante 2025 y este lunes está previsto que comparezca ante la Justicia para una audiencia de formulación de cargos, donde se conocerán los detalles de la acusación y las medidas que solicitará la Fiscalía.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva información clave del expediente, como la edad de la víctima, las circunstancias denunciadas y la calificación legal que podría recaer sobre el acusado.

La detención se produce en un contexto judicial complejo para Lucero, quien ya había sido imputado meses atrás por otro caso de abuso sexual.

Esa causa se originó tras una denuncia radicada en noviembre de 2024 por una joven que era vecina del acusado. Según trascendió, la víctima era menor de edad al momento de los hechos y presenta una discapacidad.

El 20 de abril de este año, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la investigación se realizó una Cámara Gesell en la que la denunciante relató lo ocurrido.

Sin embargo, en aquella oportunidad Lucero no quedó detenido. La querella solicitó restricciones para evitar riesgos procesales, entre ellas la prohibición de abandonar la provincia de San Luis y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades para acreditar su permanencia en el lugar.

Además, existe una tercera denuncia por un hecho ocurrido en 2016, aunque esa investigación no registró avances significativos hasta el momento.

El vínculo con la desaparición de Guadalupe

La situación judicial de Roque Lucero cobró especial relevancia pública debido a su parentesco con Guadalupe Belén Lucero, la niña que desapareció el 14 de junio de 2021 y cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Tras conocerse la imputación por abuso sexual en abril, la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, y la abuela materna, Silvia Domínguez, se presentaron ante la Justicia Federal para solicitar que se revisara el rol que había tenido el abuelo paterno dentro de la investigación principal.

El planteo de la familia no apuntaba a señalarlo como responsable directo de la desaparición, sino a determinar si las denuncias y antecedentes vinculados a delitos sexuales habían sido debidamente analizados como una línea de investigación específica.

La solicitud generó un fuerte debate público y reavivó interrogantes sobre las hipótesis exploradas durante los años de búsqueda.

“Cuando tu hija está desaparecida, no se cubre a nadie. No se duda. No se mira para otro lado. Se investiga todo. A todos”, expresó entonces Yamila Cialone al reclamar una revisión integral del expediente.

La postura de la familia paterna fue diferente. Eric Lucero, padre de Guadalupe, rechazó públicamente cualquier intento de vincular las denuncias por abuso sexual contra su padre con la desaparición de la niña.

Su abogado, Héctor Zavala Agüero, sostuvo que Roque Lucero fue investigado exhaustivamente durante los primeros años de la causa federal.

Según detalló la defensa, se realizaron allanamientos en su vivienda, peritajes y distintas medidas orientadas a establecer sus movimientos durante la tarde del 14 de junio de 2021, cuando Guadalupe fue vista por última vez.

Para el entorno paterno, esas actuaciones descartaron cualquier elemento que permitiera relacionarlo con la desaparición.

Cinco años sin respuesta y una recompensa de $20.000.000

Guadalupe Belén Lucero Cialone tenía cinco años cuando desapareció en la tarde del 14 de junio de 2021. La niña se encontraba jugando en una reunión familiar en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Según la reconstrucción oficial, fue vista por última vez alrededor de las 19.20 mientras compartía actividades con otros niños.

Minutos después, su ausencia fue advertida por los familiares y comenzó una intensa búsqueda que se transformó en uno de los casos más resonantes de la historia reciente argentina.

La activación de la Alerta Sofía movilizó a fuerzas federales, policías provinciales, organismos nacionales y especialistas en búsqueda de personas.

Durante estos años se realizaron cientos de rastrillajes, allanamientos, análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y pericias sobre distintas hipótesis, pero ninguna permitió determinar qué ocurrió con la menor.

A pesar del enorme despliegue investigativo, la causa continúa sin avances concluyentes. La falta de indicios firmes sobre el destino de Guadalupe mantiene abierta la investigación y alimenta el reclamo permanente de sus familiares para que no se abandone ninguna línea de análisis.

La abogada Soledad Poma de Otaegui, representante de la familia materna, insistió en los últimos meses en que la desaparición de la niña sigue siendo una herida abierta para San Luis.

“Ahora en junio se cumplieron cinco años de la desaparición de Guadalupe y todavía no tenemos ningún indicio concreto sobre qué pasó con ella”, sostuvo la letrada al reclamar que se profundicen todas las hipótesis posibles.

En mayo de este año, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió elevar a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Guadalupe.

La medida cuadruplicó el monto que estaba vigente desde 2021 y fue adoptada a pedido del equipo fiscal que interviene en la causa.

Además, se actualizó la imagen oficial de búsqueda mediante una proyección digital que muestra cómo sería actualmente la niña, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. La identidad de quienes aporten datos se mantiene bajo estricta reserva.