El Salvador cumple cinco años de la Ley Bitcoin con una adopción cotidiana limitada

El Salvador llega a los cinco años de vigencia de la Ley Bitcoin con un uso cotidiano limitado de la criptomoneda, pese a mantener 7.764 bitcoins en reservas y haber reformado su marco legal tras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un millonario acuerdo de financiamiento. Actualmente, el país conserva la criptomoneda como opción voluntaria, pero su adopción masiva entre la población sigue siendo reducida.

La normativa entró en vigor el 7 de septiembre de 2021 y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y generó un intenso debate internacional sobre su viabilidad y riesgos. Pero en enero de 2025 la ley pasó por varias reformas y ajustes para limitar la exposición estatal a la volatilidad de los criptoactivos.

La estrategia institucional del gobierno salvadoreño ha sido no solo mantener sus reservas de Bitcoin sino que amplió su marco legal con la creación de la Ley de Activos Digitales, una normativa que permite la tokenización y el acceso a nuevas formas de financiamiento para empresas y ciudadanos. Esta normativa busca conectar la economía real con los mercados de capitales globales y democratizar el acceso a inversiones, permitiendo que cualquier persona pueda invertir desde montos bajos, de acuerdo al especialista en activos digitales entrevistado por Infobae, Fabián Delgado, quien funge como gerente de desarrollo de negocio para Colombia y Latinoamérica en la empresa Bitfinex.

Sin embargo, el uso cotidiano de Bitcoin entre la población salvadoreña es reducido. Diversas encuestas y estudios han mostrado que la mayoría de los ciudadanos no utiliza la criptomoneda para compras diarias, aunque sí existen casos de adopción en determinados comercios y sectores empresariales.

Tras las reformas a la Ley Bitcoin, la política oficial permite ahora el uso voluntario del criptoactivo, eliminando la obligatoriedad inicial y dejando en manos de cada persona o empresa la decisión de adoptar o no esta tecnología.

Entre enero y julio de 2026, El Salvador recibió USD 41.11 millones en remesas enviadas a través de carteras de criptomonedas, un alza de 35.7% frente al mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Pero el uso de ese canal representó solo el 0.69% del total de USD 5,924.85 millones en remesas generales registradas en los primeros siete meses de 2026; en el mismo lapso de 2025 equivalió al 0.53% de los USD 5,714.28 millones, de acuerdo con las cifras del BCR.

El experto en activos digitales considera que el poco uso se debe a la falta de educación financiera de la población y a la complejidad tecnológica que representan barreras importantes para la adopción masiva.

La estrategia oficial y la mirada de los especialistas

Delgado consideró que la estrategia del gobierno salvadoreño se basa en mantener las reservas como activo de valor, sin vender en los momentos de baja. “No se puede hablar de pérdidas hasta que no se ejecutan ventas con pérdida de capital. Puede haber una bajada frente al dólar, pero la pérdida no se materializa hasta que se vende el activo”, señaló el experto.

El día que entró en vigencia la Ley Bitcoin, cada criptoactivo tenía un valor que oscilaba los USD 46,000 y actualmente la unidad ronda los USD 80,000. Fue en diciembre de 2024 que rompió la barrera de los USD 100,000 y su pico más alto registrado ocurrió en octubre del año pasado cuando alcanzó los USD 126,000.

Hasta la fecha, el gobierno no ha anunciado alguna venta de las criptomonedas en su poder, por el contrario ha comprado una cada día desde el 17 de noviembre de 2022. Por lo que dicha reserva habría acumulado más de USD 600 millones hasta la fecha.

Las condiciones del FMI y el nuevo marco de uso

Una de las principales condiciones impuestas por el FMI fue que el Estado salvadoreño dejara de comprar Bitcoin y que limitara su participación en la empresa Chivo.

El pasado 3 de septiembre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la billetera Chivo quedó bajo control privado y que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador no implicó el uso de recursos públicos, como parte del acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa financiero vigente con el país.

El organismo señaló que el Gobierno redujo de forma sustancial su participación en Chivo. La propiedad mayoritaria y el control operativo de la plataforma pasaron a manos de un operador privado, mientras que el Estado mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los activos de los usuarios, asegura el organismo.

Y sobre la reserva de Bitcoin de El Salvador, el FMI aseguró que la acumulación registrada desde la primera revisión del programa se explicó por donaciones privadas, por lo que no implicó la utilización de recursos estatales.

Por otro lado, el marco regulatorio vigente en El Salvador ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas financieras en el país, como la tokenización, que es uno de los conceptos centrales de la Ley de Activos Digitales. Según analistas, esta tecnología posibilita la compra fraccionada de activos y facilita el acceso a la inversión, incluso para pequeños ahorradores.

“La tokenización viene a democratizar el acceso a la inversión y la liquidez para empresas”, indicó Delgado a Infobae. De acuerdo al experto, el sector inmobiliario, así como las micro y pequeñas empresas (mypes) figuran entre los rubros con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

El quinto aniversario de la Ley Bitcoin encuentra al país con una de las mayores reservas de la criptomoneda, según los datos recientes, pero también con desafíos pendientes en materia de educación financiera y adopción social. Especialistas insisten en que la capacitación y la comprensión de los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías serán claves para ampliar el impacto de la ley en los próximos años.