El Salvador cumplió tres años desde la aprobación de la Ley General para la Modernización Digital del Estado, una norma que habilitó al Gobierno a ejecutar acuerdos vinculados con la transformación tecnológica de la administración pública, incluida una alianza estratégica con Google LLC y también con marcas de Inteligencia Artificial (IA), como Grok.
La Asamblea Legislativa aprobó la ley el 5 de septiembre de 2023, por solicitud del gobierno central. El texto estableció un marco especial para incorporar servicios, plataformas y herramientas destinados a digitalizar trámites, registros y procesos de las instituciones estatales.
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La legislación se sustentó en objetivos incluidos en la Agenda Digital El Salvador 2020-2030, que plantea la sustitución de documentos físicos por soportes electrónicos, el uso de firma electrónica, la interoperabilidad entre entidades públicas y la publicación de datos abiertos.
La ley autorizó acuerdos para la transformación digital del Estado
El decreto dice que la norma busca fijar las disposiciones necesarias para la implementación, el desarrollo y la modernización digital del Estado salvadoreño. Su alcance comprende los compromisos que el país asuma con entidades públicas o privadas, además de convenios bilaterales, interinstitucionales y multilaterales que puedan atraer inversión y generar beneficios sociales o económicos.
La ley facultó al Órgano Ejecutivo para negociar y suscribir contratos, acuerdos e instrumentos necesarios para crear e implementar alianzas estratégicas vinculadas con ese proceso. También autorizó a ministerios, instituciones oficiales autónomas, municipalidades, empresas estatales y órganos del Estado a formalizar acuerdos de afiliación con el socio estratégico.
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El texto menciona de forma expresa el convenio suscrito entre el Gobierno salvadoreño y Google LLC. Según los considerandos, el acuerdo tuvo como finalidad impulsar la transformación digital dentro del país, mejorar la prestación de servicios públicos y aprovechar la tecnología ofrecida por la compañía, en una medida precisa, a través de capcaictación docente y el uso de la nube para el rubro de Educación.
El presupuesto previsto podía alcanzar los USD 500 millones
La normativa contempló autorizaciones presupuestarias para que las entidades estatales contrataran los servicios requeridos dentro de la alianza estratégica. Cada institución debía definir sus necesidades de acuerdo con sus atribuciones y objetivos legales.
También, se estableció que el total de las asignaciones presupuestarias para contratos, acuerdos o instrumentos asociados a la alianza podía ascender a USD 500 millones durante los ejercicios fiscales previstos mientras el convenio permaneciera vigente.
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La ley también dispuso que las entidades públicas ejecutaran sus recursos bajo criterios de eficiencia, transparencia y racionalidad, con destino a las iniciativas de desarrollo, transformación digital y modernización estatal contempladas en la alianza.
Las instituciones pueden suscribir acuerdos individuales
Cada entidad del Estado quedó habilitada para firmar un Acuerdo de Afiliación Individualizado con el socio estratégico. Ese mecanismo permitiría identificar las necesidades de contratación, definir especificaciones técnicas y remitir requerimientos para la adquisición de bienes o servicios.
La legislación otorgó carácter especial a este marco normativo. Por ese motivo, sus disposiciones prevalecen sobre la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y otras normas que pudieran contradecirla, aunque mantuvo la aplicación de la Ley de Compras Públicas en los aspectos no regulados.
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También habilitó a las instituciones involucradas a contratar asesores legales, financieros o técnicos, nacionales o extranjeros, cuando resultara necesario para ejecutar la alianza. Solo por razones de conveniencia técnica y económica debidamente justificadas, las entidades podían acudir a un proceso de contratación pública ordinario para adquirir bienes o servicios relacionados.
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