El Jurado de Enjuiciamiento resolvió hoy la destitución de Mariano Riva, el hasta entonces titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata, tras acreditarse casos de maltrato, acoso sexual y abuso de poder contra empleados judiciales. Se trató de un proceso impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Con el apoyo de los testimonios de más de 20 víctimas y peritajes oficiales, el fallo determinó la máxima sanción prevista. Oscar Yenni, secretario general del gremio, afirmó: “Marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial”.
De esta manera, el jurado consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar las denuncias en contra de Rivas. Entre los hechos que se le adjudicaron, se indicó que solía cambiar los lugares de trabajo de su personal en forma de castigo y realizaba críticas injuriosas.
Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, el ex magistrado también fue acusado de obstruir licencias médicas, de intromisión en la vida privada y de hacer alusiones constantes de índole sexual.
Frente a esto, la secretaria de Género y Diversidad de la AJB, Mónica Blanc, remarcó la necesidad de denunciar y buscar acompañamiento institucional. Asimismo, señaló que “la AJB es el espacio para impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren”.
Durante un diálogo con el medio marplatense 0223, Blanc destacó que “este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de género y libre de violencias”.
Previo a la destitución, Rivas había sido apartado de su cargo en febrero de 2024 por decisión de la Suprema Corte. En esa instancia, le dictaron una licencia compulsiva y, finalmente, le aplicaron un embargo del 40% a su sueldo tras iniciarse el jury en su contra.
El caso del juez Alfredo López, acusado de antisemitismo, será tratado en plenario y quedó al borde del juicio político
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió elevar al plenario la acusación contra Alfredo Eugenio López, el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por expresiones antisemitas realizadas en su cuenta de X.
La decisión surgió tras una investigación sobre la conducta digital del juez, que incluyó la constatación de un patrón sistemático de mensajes hostiles hacia la comunidad judía, y que podría dar lugar a su suspensión y eventual juicio político si el plenario lo aprueba por mayoría calificada.
Si el plenario del Consejo avala la acusación con los votos de dos tercios de sus 20 miembros, López sería suspendido y sometido a juicio por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, los consejeros Luis Juez y Alberto Maques fueron designados como representantes para esa etapa procesal.
De parte de la acusación, se confirmó que cuenta con un total de 17 mensajes publicados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 desde la cuenta @JuezLopezMDP, atribuidos directamente al magistrado. Entre esos contenidos se encuentran frases como: “¿A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”.
El expediente, tramitado bajo el número 19/2025, se inició en febrero de 2025 a partir de denuncias formales presentadas por organizaciones como el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la DAIA, así como por particulares. Los denunciantes aportaron copia certificada de capturas de pantalla de publicaciones y respuestas hechas desde la cuenta personal del magistrado, y sostuvieron que López utilizó la red social para difundir expresiones que comprometen la imparcialidad y el decoro judicial.
El dictamen acusatorio fue elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien aplicó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), vigente en el organismo desde 2024, junto con el llamado “test de las tres D” —demonización, deslegitimación y doble estándar— para distinguir entre crítica política y discurso antisemita.
En la sesión ante la comisión, López reconoció la autoría de las publicaciones y defendió que sus mensajes en X eran un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Argumentó que se trataba de “interpretaciones subjetivas y descontextualizadas” que no comprometían causas en trámite ni afectaban la administración de justicia, y que nunca fue recusado o apartado por conducta parcial.
En línea con esto, el magistrado agregó que no surgía la comisión de delito alguno de la denuncia, y reprochó a las organizaciones denunciantes haber recurrido al Consejo de la Magistratura por faltarle vías legales efectivas.
De la misma manera, también descalificó la legitimidad representativa de la DAIA y el FACA para actuar en nombre de los participantes en la red, y acusó a la DAIA de representar “abiertamente los intereses de un Estado extranjero” más que a la totalidad de la colectividad judía en Argentina.
En su descargo, el juez consideró las denuncias como “una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa” dirigida contra un magistrado con “más de 40 años de trayectoria intachable”. Además, invocó un antecedente de noviembre de 2020, cuando el Consejo archivó una denuncia similar sobre publicaciones en redes sociales, presentada entonces por el diputado Rodolfo Tailhade.
Entre las justificaciones, López sugirió que la motivación real de los denunciantes era la difusión de la orden de captura internacional contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu (emitida por la Corte Penal Internacional) y aludió a su propia condición de católico como causa de supuesta persecución religiosa.
En el dictamen, el senador Juez sostuvo que los mensajes de López constituyeron “un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo” y no pueden considerarse manifestaciones aisladas o simples opiniones polémicas. Asimismo, resaltó la gravedad de la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento” de las expresiones, factor al que atribuye relevancia para evaluar la capacidad del magistrado de cumplir funciones con imparcialidad.
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