Un empleado municipal del sector Farmacia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario fue condenado a cinco meses de prisión efectiva, luego de que admitiera haber sido responsable de sustraer insumos médicos de la institución. Junto con él, otras seis personas habían sido detenidas en noviembre del año pasado.
La resolución fue firmada el viernes por la jueza Hebe Marcogliese en el marco de un juicio abreviado. Se trató de un beneficio al que pudo acceder el trabajador, identificado como Fernando Lodríguez (45), después de que reconociera que había intentado llevarse nueve cajas de guantes de examinación (cada una de cien unidades) el 7 de noviembre de 2025.
Por este proceso, enfrentaba cargos por hurto en grado de tentativa, hurto consumado en dos hechos e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales, todos en concurso real. Por este motivo, fue inhabilitado por un año para ocupar cargos en el ámbito de la salud y deberá pagar una multa de 50.000 pesos.
Durante la investigación, el personal de la Secretaría de Salud Pública detectó la maniobra gracias a la advertencia de la jefa de Farmacia. Además del intento de hurto calculado esa fecha, los investigadores hallaron unos 200 catéteres intravenosos y diversos medicamentos en un Ford Fiesta rojo estacionado en el playón del hospital, cuyo título de propiedad estaba a nombre del condenado.
De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los investigadores también confiscaron bisturíes, gel conductor y pastillas identificadas como diclofenac, que se encontraban almacenados en un garaje vinculado a la familia de Lodríguez. Finalmente, fue detenido el 10 de noviembre de 2025, luego de que Lodríguez fuera localizado e interceptado por los agentes de Asuntos Internos en su regreso al hospital.
No obstante, el caso de Lodríguez no fue el único de robos por parte de empleados del hospital. Pues, en julio de 2024, otros siete empleados quedaron bajo prisión preventiva tras ser acusados de sustraer medicamentos e insumos del establecimiento. Todo comenzó con una denuncia interna, posteriormente formalizada por la Secretaría de Salud municipal, y que, tras una serie de sanciones administrativas, motivó la intervención judicial.
La medida fue ordenada por la jueza Trinidad Chiabrera ordenó que los detenidos, identificados como Antonio A., Javier D., Darío F., Oscar L., Roberto R., Nelson S. y Eduardo T., permanezcan un mes privados de la libertad, tras la audiencia encabezada por el fiscal José Luis Caterina. El plazo se decidió, debido a que el fiscal advirtió sobre el potencial riesgo de entorpecimiento del proceso si los acusados continuaban en libertad.
Entre los datos más significativos, la pesquisa derivó en el hallazgo de medicamentos y material hospitalario en los domicilios de los involucrados, con registros que confirman la coincidencia con el inventario del área de Farmacia del HECA.
Durante los operativos realizados el 3 de julio en distintos puntos de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, los agentes incautaron, por ejemplo, 21 agujas, 180 comprimidos de Enalapril y cinco paquetes de barbijos en la vivienda de uno de los principales investigados.
Según sostuvo el fiscal Caterina ante Rosario 3, ninguno de los implicados pudo justificar el origen de los productos farmacéuticos requisados y, además, las autoridades se apoyan en intervenciones telefónicas que confirmarían la reiteración de las maniobras.
La investigación judicial mantuvo dos líneas iniciales de análisis: la primera acreditaba el hurto y el incumplimiento de deberes de custodia de sustancias medicinales, mientras que la segunda busca determinar el alcance de una posible red de venta organizada, tras detectarse publicaciones en redes sociales ofreciendo medicamentos a la venta en la ciudad.
Finalmente, en julio de 2025, otros cuatro empleados del mismo hospital recibieron condenas por el robo de insumos ocurrido a fines de 2024. Tras aceptar la modalidad de juicio abreviado, Darío F., Oscar L., Antonio A. y Eduardo T. recibieron penas de entre cinco meses y 15 días a tres años de prisión condicional, además de una multa de 200.000 pesos e inhabilitación especial por un año.
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