El ex instructor de bomberos de Córdoba, condenado por grooming y abusos sexuales, contra menores, regresó a la cárcel por orden de la Fiscalía de Villa María. Se trata de Rodrigo Santi, quien gozaba del beneficio de prisión domiciliaria por haber alegado que presentaba un cuadro de depresión tras el juicio que lo declaró culpable.
El hombre de 31 años, conocido como “Loli”, ejercía cargos jerárquicos como capacitador de bomberos tanto a nivel regional como nacional y estaba a cargo de la formación de cadetes y aspirantes. Había recibido ocho años de prisión el año pasado en un juicio abreviado y cuestionado por el cambio en la defensa, durante una etapa avanzada del proceso.
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De acuerdo con lo informado por El Doce, las autoridades allanaron la vivienda donde cumplía el arresto y se encontraron con que el detenido poseía un teléfono celular y una computadora, dispositivos que Santi tenía prohibido poseer mientras durara el beneficio. Tras este descubrimiento, la fiscal Juliana Companys dispuso la revocación y su inmediato traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, donde estuvo cumpliendo la condena hasta el día que le otorgaron el beneficio.
El caso tomó estado público a fines de 2024, cuando se radicó la denuncia penal en la ciudad cordobesa de La Playosa. El hecho inicial ocurrió en marzo de ese año, cuando un adolescente de 15 años, aspirante a bombero, fue invitado por Santi a su domicilio, donde compartieron algunas bebidas alcohólicas. En ese contexto, el hombre comenzó a tocarle la pierna al menor y lo invitó a mantener un contacto sexual. El adolescente se retiró de la vivienda y, meses más tarde, la madre de la víctima advirtió sobre lo sucedido al encontrar mensajes de WhatsApp en el teléfono de su hijo en los que Santi se disculpaba y admitía su conducta. “Disculpame, perdoname, no sé cómo te voy a mirar a la cara, se me fue la mano. Viste que yo tomo un poquito y ya me pongo así”, argumentaba el ex capacitador.
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A partir de la denuncia, otras madres de aspirantes solicitaron una reunión de emergencia en la sede de Bomberos, donde presentaron capturas de pantalla de mensajes enviados por Santi a otros menores. En esos mensajes, el imputado realizaba invitaciones de carácter sexual y comentarios inapropiados. La madre del denunciante intentó formalizar su pedido de que Santi fuera apartado del cargo, pero según el abogado querellante, la familia del acusado integraba la Comisión Directiva de la institución y las notas presentadas no ingresaron a las actas oficiales.
La investigación penal avanzó con la intervención de la fiscalía de Companys, que ordenó la detención de Santi bajo los cargos de abuso sexual simple en tres hechos, tenencia de pornografía infantil, abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción de menores.
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En octubre de 2025, cuando la causa estaba por ser elevada a juicio, la defensa de Santi cambió de patrocinio y designó como abogado a un ex integrante de la fiscalía que había instruido el caso. La querella denunció la situación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Villa María. El 19 de diciembre, el ex funcionario renunció a la defensa y la abogada Teodora Perassi se hizo cargo del caso, solicitando la domiciliaria para Santi.
Poco después, la fiscal confirmó que el acusado accedió a un juicio abreviado, en el que confesó los hechos y aceptó una condena de ocho años de prisión.
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El repentino cambio de prisión
En diciembre pasado, los abogados del condenado presentaron un informe médico que acreditaba un cuadro depresivo y un deterioro en su salud mental. Argumentaron que el condenado presentaba síntomas de tristeza intensa, pérdida de interés y deseos de vivir, lo que fue considerado por la Fiscalía para otorgar el beneficio.
La medida contemplaba la utilización de una tobillera electrónica, la prohibición de salir de la vivienda sin autorización judicial, salvo urgencias médicas justificadas, y la absoluta restricción de contacto con menores de edad. También se le prohibió expresamente el uso de internet, computadoras, celulares o cualquier aparato tecnológico.
Desde el 22 de diciembre, Santi cumplía el arresto en la casa de su padre en Villa María.
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