Un accidente en el sur de Salta y una serie de decisiones desacertadas dejaron al descubierto una red de contrabando de 364 kilos de cocaína y llevaron al arresto inmediato de los implicados: un grupo compuesto por dos pilotos bolivianos y tres cómplices argentinos que cayeron tras exponerse por errores de cálculo y una excusa poco creíble.
Los principales acusados son Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, ambos de nacionalidad boliviana, quienes piloteaban la aeronave cargada de droga. A ellos se les suman Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar: según reconstruyó la fiscalía, eran parte del apoyo en tierra y quienes iban a recibir la droga.
Todo comenzó el martes pasado por la tarde, alrededor de las 15, cuando vecinos de la zona rural de Rosario de la Frontera observaron el vuelo irregular de una avioneta con matrícula de Bolivia. Sobrevolaba el cruce de las rutas provinciales 3 y 31, hasta que descendió sobre un campo, chocó con un auto y se incendió.
Como quedó en evidencia, el plan del grupo era traer la droga desde Bolivia a través del vuelo clandestino. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), los pilotos tenían como objetivo aterrizar en una pista improvisada donde, en tierra, los esperaban Mansilla, Gómez y Cuellar.
Para marcar la zona, estos tres cómplices desplegaron una lona y aguardaron cerca de sus vehículos -Mansilla se movía en Volkswagen Gol Trend, mientras que Gómez y Cuellar lo hacían en una camioneta Ford-. El fin era descargar rápidamente la carga de cocaína y trasladarla en vehículos hacia lugares de acopio o distribución, donde se completaba el circuito delictivo.
Pero la estrategia falló a partir del accidente. El piloto Quinteros Peredo perdió el control y la nave golpeó con una de las alas el auto de Mansilla, para luego estrellarse contra una arboleda. El coche se prendió fuego. Gómez y Cuellar ayudaron a sacar a Mansilla del Volkswagen y uno de ellos corrió hacia la aeronave, tomó los bolsos y escapó a pie, dejando a los pilotos heridos.
Poco después, efectivos de la Gendarmería Nacional llegaron al lugar y encontraron el Volkswagen totalmente quemado y la aeronave destruida. En el interior de la cabina hallaron tres bolsones con 136 kilos de cocaína. También una gaseosa adquirida en Bolivia, una antena satelital y un GPS. De inmediato, se inició un operativo para detectar el origen de la droga y los vínculos locales.
El primero en caer fue Mansilla. En una maniobra que buscaba deslindar responsabilidades, un día después del hecho se presentó en la comisaría de Antillas y denunció que le habían robado su auto la mañana del accidente. Aportó detalles falsos del supuesto asalto, dijo que fue cerca de las 8.30 del martes, y que habían sido cuatro ladrones fuertemente armados los que lo atacaron.
Sin embargo, la policía ya había vinculado su nombre por documentación hallada junto a la avioneta. Un informe de la División Antidrogas de la policía salteña, además, señalaba que tanto él como Gómez y Cuellar, estaban bajo investigación como integrantes de una organización narcocriminal que operaba en esa zona.
Poco después, Gómez fue interceptado en un control sobre la ruta 34, en El Durazno.
A partir de la colaboración de los primeros detenidos, las autoridades llegaron hasta un campo a 70 kilómetros del lugar del accidente, donde recuperaron 228 kilos de cocaína escondidos bajo tierra. Era el cargamento en bolsos que habían tomado tras el siniestro.
Por su parte, los pilotos, identificados con lesiones visibles, intentaron mezclarse entre los pasajeros de la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Su aspecto más el pago en dólares al comprar una bebida energética llamaron la atención de la empleada, quien alertó a la policía. Así, quedaron allí bajo custodia.
La ronda de arrestos se completó más tarde con la detención de Cuellar en la casa de una amiga en Antillas.
Este viernes se formalizó la imputación a los cinco acusados por contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular. A los pilotos se los consideró coautores, y a los otros tres partícipes necesarios, con la imputación alternativa de transporte agravado.
Durante la audiencia, la fiscalía pidió que todos sigan bajo arresto argumentando el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la causa, la pena en expectativa y los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra el narcotráfico.
Finalmente, la jueza Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva y autorizó un plazo de seis meses para la investigación, junto con varias pericias técnicas.
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