A un año y medio del crimen del narco César Daniel “Oreja” Martínez en Salta, la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte confirmó la detención de uno de los hombres que estaría bajo sospecha por una presunta vinculación con el asesinato.
La captura se concretó durante la jornada del sábado, tras obtenerse el dato de que el sospechoso había regresado a su hogar en la localidad de Colonia Santa Rosa para las fiestas patronales. De esta manera, se montó un operativo coordinado entre el personal de la Unidad Especial GAP Orán y de Infantería en el domicilio señalado.
Fue así que las fuerzas de seguridad lograron ponerlo bajo arresto, pese a que el entorno familiar había intentado impedirlo. Pese a que la identidad del sujeto fue reservada, fuentes de la investigación confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.
De acuerdo a la información publicada por El Tribuno, el detenido habría conducido una de las motocicletas utilizadas en el ataque contra Oreja Martínez. El crimen fue perpetrado el 12 de noviembre de 2023, cuando la víctima fue asesinada por cuatro personas encapuchadas, quienes le dispararon en al menos 12 ocasiones frente a la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria.
Esta medida había sido dispuesta por el entonces juez Claudio Parisi, pese a que habían ordenado que Martínez cumpla con dos prisiones preventivas, correspondientes a una causa por violencia de género y otra por venta de estupefacientes. No obstante, el beneficio había sido otorgado en el marco de la investigación por tentativa de femicidio.
Hasta el día de hoy, la causa permanece bajo investigación de los fiscales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, creada por decisión del procurador Pedro García Castiella ante el avance de la narcocriminalidad y otros delitos complejos en la región.
El equipo está integrado por fiscales de Orán, Tartagal y Salta capital, con el objetivo de centralizar investigaciones y reforzar la persecución penal contra organizaciones delictivas con operatividad logística y niveles altos de violencia.
En notas previas, Infobae precisó que Martínez era hermano de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, por entonces intendente de Aguas Blancas y actualmente con prisión domiciliaria, luego de que fuera imputado por presunto entorpecimiento de la investigación del crimen de Oreja.
La misma acusación también recayó sobre Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano. Mientras que el ex magistrado será enjuiciado en una causa que lo acusó de presuntamente haber beneficiado a narcos como Oreja Martínez, el letrado fue señalado por presuntamente haber argumentado su trayectoria de 20 años en Orán y mencionar que su pareja trabaja como fiscal penal en el distrito.
Anteriormente, la investigación descubrió varios chats extraídos del teléfono del ex intendente con Ortega Serrano, en donde intercambiaron informes reservados de la causa penal principal. Entre los documentos compartidos figuran solicitudes de allanamiento a propiedades, incluida la vivienda del propio intendente y respuestas firmadas por el juez de Garantías Claudio Parisi.
La Unidad Fiscal, integrada por Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, había solicitado ingresar en la casa del jefe municipal y la de Ortega Serrano. El domicilio del funcionario fue allanado en abril, pero la orden judicial se retrasó a raíz de decisiones de Parisi.
En simultáneo, Martínez había pedido una licencia de tres meses para evitar la detención, aunque finalmente se entregó ante la Justicia el 24 de septiembre y fue reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante.
Ese mismo mes cayó Ortega Serrano, tras confirmarse que el ex juez Parisi había transmitido información procesal al abogado y a Martínez. Incluso, se había encargado de notificarlos por WhatsApp acerca del inminente procedimiento en su domicilio.
Pese a que el ex magistrado había pedido una licencia médica tras la intervención policial en sus oficinas, terminó por ser arrestado el 2 de octubre, luego de perder su inmunidad por decisión de un jurado de enjuiciamiento y a pedido del procurador general Pedro García Castiella.
En esa oportunidad, el procurador denunció que el magistrado había otorgado arresto domiciliario a un imputado apodado “Oreja”, acusado de tentativa de femicidio y con antecedentes de violencia de género. Durante ese beneficio judicial, la persona fue ejecutada de 17 disparos frente a su vivienda.
Además, la Unidad Fiscal pidió someter a juicio oral a Parisi bajo la sospecha de cohecho. La investigación sostiene que habría pactado el cobro de una suma en dólares –mediante el secretario letrado Maximiliano Correa– a cambio de favorecer con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, ex candidato a intendente de Aguas Blancas, que estaba vinculado como presunto entregador en el robo millonario y violento a la firma avícola Abra del Sol.
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