El juez Nicolás Vico Gimena homologó este martes el acuerdo alcanzado tras un juicio abreviado que culminó con la condena de Juan Scataglini y David Olivera, quienes dirigían una organización dedicada a cometer extorsiones telefónicas desde la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez. Se hacían pasar por mujeres, construían un vínculo afectivo con sus víctimas y luego les exigían dinero.
La investigación determinó que entre principios de 2022 y octubre de 2023, los condenados conformaron la estructura central de una asociación ilícita, con responsabilidades rotativas en la planificación, ejecución, contacto inicial y cobro de dinero. El proceso judicial se cerró con la aceptación de responsabilidad por parte de los imputados, en el marco de un acuerdo promovido por la Fiscalía.
Según el expediente, la maniobra comenzaba a través de redes sociales. Los extorsionadores creaban perfiles apócrifos de mujeres, a través de los cuales enviaban fotos privadas o mantenían conversaciones íntimas con las víctimas. Luego, simulaban ser familiares de estas supuestas mujeres, en particular padres de menores de edad, y llamaban a las víctimas para exigirles transferencias de dinero con el argumento de evitar denuncias policiales o la exposición pública de los chats privados.
Uno de los casos más detallados ocurrió el 24 de marzo de 2022. En esa oportunidad, una víctima recibió mensajes desde dos líneas diferentes. Los extorsionadores le aseguraron que estaba vinculado a una organización criminal y le exigieron una suma de dinero. Bajo presión, el hombre realizó dos transferencias bancarias a una cuenta asociada a la pareja de Olivera.
El 16 de mayo de 2022, otro damnificado fue intimidado en una maniobra con características similares: le reclamaron $450.000 para no publicar conversaciones supuestamente comprometedoras. La víctima cortó la comunicación, pero las amenazas persistieron hasta que finalmente radicó la denuncia.
El circuito delictivo no se limitaba al engaño. Según la Fiscalía, en julio de 2022 una de las víctimas sufrió la escalada de violencia: su comercio fue baleado con quince disparos y se halló un mensaje que le ordenaba comunicarse con un número de teléfono. Las amenazas incluyeron advertencias sobre posibles ataques a la familia y al domicilio particular.
Según informó el portal del diario La Capital, la banda estaba integrada principalmente por Scataglini y Olivera, pero contaron con la colaboración de parejas y allegados, quienes facilitaban cuentas bancarias, gestionaban la logística de retiro y transferencia de dinero, y en ocasiones participaban en el contacto con las víctimas. Durante la pesquisa se identificaron nueve líneas telefónicas utilizadas indistintamente para las maniobras extorsivas.
La Fiscalía recopiló evidencia que vincula los movimientos de las cuentas bancarias de los familiares con los depósitos realizados por las víctimas bajo amenazas. Se verificó además que las comunicaciones se realizaban desde la cárcel, con la geolocalización de las antenas cercanas a la Unidad N°16.
El fiscal Ramiro González Raggio sostuvo en el debate que “la organización asumía roles intercambiables, desde la planificación del engaño y el suministro de celulares hasta la provisión de cuentas y retiro de fondos, logrando operar en red desde el interior del penal”.
Scataglini no es ajeno al sistema penal santafesino. En 2007 fue vinculado al asesinato del sindicalista Abel Beroiz, hecho en el que aseguró no haber sido el autor material, aunque el homicidio sigue marcado como uno de los episodios más graves del sindicalismo local. En esta nueva causa, Scataglini recibió una condena de 5 años y 6 meses, que, al unificarse con una sentencia previa, totaliza 16 años y 5 meses de prisión efectiva. Olivera, por su parte, fue sentenciado a 10 años, unificados en 14 años y 6 meses.
Otras personas, incluidas las parejas de ambos, quedaron imputadas como partícipes en el manejo de cuentas y transferencias. Entre los antecedentes figura también la condena de Juan Di Franco, quien ya había sido sentenciado por su rol en la estructura.
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