Cuatro sospechosos fueron formalmente imputados por el delito de contrabando de exportación agravado en el marco de una investigación encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía de Distrito de Salta, tras un operativo desplegado en la frontera con Bolivia.
La banda, según los investigadores, logró sacar del país más de 30 toneladas de aceite de soja a través de un sistema de mangueras conectadas desde la localidad salteña de Salvador Mazza hasta la ciudad boliviana de Pocitos.
En el procedimiento, que se hizo el pasado viernes, uno de los imputados—señalado como jefe de la organización—abrió fuego contra un comandante de Gendarmería Nacional, provocándole heridas en un brazo.
La imputación fue presentada durante una audiencia de formalización celebrada ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, donde se detallaron las maniobras investigadas desde enero de 2024.
Según expuso la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, junto al auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, el cabecilla del grupo, identificado como F.S.G., fue acusado como autor mediato del delito de contrabando agravado, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado: por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Los otros tres implicados—N.A.D., R.G.M. y A.C.M.—fueron imputados como coautores del delito de contrabando.
Cómo era la maniobra
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el grupo venía desarrollando esta actividad ilícita desde el año 2022, con una operatoria que consistía en adquirir aceite de soja, tanto neutro como refinado, en plantas aceiteras de la provincia de Santa Fe, a nombre de una empresa de papel.
Luego, los camiones cisterna regresaban a Salvador Mazza, donde descargaban la mercadería en un inmueble identificado como “Don Ramón”.
Desde allí, el aceite era traspasado a camiones más pequeños y conducido hasta un predio en el paraje “El Chorro”, ubicado en la franja fronteriza. En ese punto, los acusados tendían largas mangueras que atravesaban la línea limítrofe y conectaban con otros vehículos apostados del lado boliviano, donde se completaba la maniobra de exportación clandestina.
El pasado viernes a la madrugada, en plena ejecución del contrabando, dos de los acusados fueron sorprendidos por los agentes de la Gendarmería Nacional, que ya seguían sus pasos desde hacía semanas.
Uno de los sospechosos conducía el camión que transportaba 30.120 litros de aceite neutro blanqueado para uso industrial, mientras el otro coordinaba el traspaso hacia el otro lado de la frontera. En paralelo, otro de los implicados, A.C.M., fue detenido en su domicilio en Salvador Mazza.
El momento de mayor tensión se vivió cuando los uniformados intentaron allanar la vivienda de F.S.G., ubicada en la misma ciudad. De acuerdo con el relato de los fiscales, al momento en que se le notificaba la orden judicial, el acusado extrajo una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego contra uno de los comandantes de Gendarmería.
A pesar de haber sido advertido en reiteradas ocasiones sobre el carácter oficial del procedimiento, el imputado disparó y le dio un balazo en el antebrazo izquierdo al oficial, con orificio de entrada y salida: quedó incrustada en el chaleco antibalas del efectivo. El tirador fue reducido rápidamente por el resto del personal desplegado en el operativo.
Ingresos millonarios
En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal pusieron el foco en la magnitud económica del caso. Según estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA) y de la Administración de Rentas de la Provincia de Salta (ARCA), el contrabando ejecutado por la organización entre 2022 y 2024 generó ingresos ilegales por al menos 2.400.000 dólares, y provocó un perjuicio fiscal estimado en 720.000 dólares por derechos de exportación no ingresados.
A eso se suma la falta de liquidación de divisas en el mercado cambiario oficial, cuyo impacto económico aún no fue cuantificado.
Los fiscales solicitaron prisión preventiva para los cuatro imputados, destacando el nivel de organización y la peligrosidad del accionar desplegado, tanto por la logística utilizada como por el uso de armas de fuego contra personal uniformado.
El juez Gustavo Montoya hizo lugar a la medida y autorizó además otras diligencias pendientes de ejecución, con el objetivo de avanzar en la desarticulación definitiva de la red criminal.
Las tareas de inteligencia previas estuvieron a cargo de la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional y de la delegación local de la Dirección General de Aduanas.
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