La Corte Suprema dejó firme la condena a 30 años de prisión contra un pastor que secuestró y violó a una menor por años: “Hizo de mi vida un infierno”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa de Jorge Antonio Torres, el hombre que se presentaba como pastor en la localidad bonaerense de Tapalqué y que fue condenado por someter durante un año y medio a una adolescente a abusos sexuales, encierro, esclavitud y violencia física. De este modo, quedó firme la sentencia a 30 años de prisión que había sido dictada por la justicia bonaerense.

Torres, que hoy tiene 52 años, fue denunciado y detenido el 2 de agosto de 2013, cuando la víctima logró escapar de la fábrica de chacinados que le pertenecía al presunto pastor. Hasta ahí la había llevado para que limpiara. Ella vio la chance y huyó. “Yo obedecía: era mi líder, pero hizo de mi vida un infierno”, contaría cuando al fin logró la libertad y ver a su captor y violados tras las rejas.

Varias veces intentó huir sin éxito durante el cautiverio: “Quise escaparme tirándome por la ventana del segundo piso de la casa, pero abajo había colocados como fierros en punta y me lastimé toda. Parecía que él sabía que mi salida era esa y parecían colocados esos fierros y alambres a propósito”, diría.

La joven tenía 18 años al momento de radicar la denuncia, pero según su testimonio había sido captada por el imputado cuando era menor, luego de que él entablara contacto con sus padres en el marco de su rol como referente religioso de la congregación de Testigos de Jehová en Tapalqué y Azul.

El pastor era considerado un “anciano” dentro de la congregación, con una posición jerárquica de autoridad. Sin embargo, el primer abuso había ocurrido un tiempo antes de que la secuestrada, cuando ella tenía 14. Y ella luego estuvo secuestrada desde diciembre de 2011 hasta el 17 de julio de 2013.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Azul lo condenó en octubre de 2015 a 15 años de prisión, tras dar por probado que había mantenido a la adolescente cautiva entre diciembre de 2011 y julio de 2013, alejándola de su entorno familiar, impidiéndole asistir a la escuela y sometiéndola a una rutina de aislamiento total.

El calvario

Según la reconstrucción del caso, Torres controlaba su rutina diaria, no le permitía comunicarse con el exterior y cerraba con llave cada acceso a la casa, que había sido reforzada con rejas para evitar cualquier intento de huida.

En su declaración, la víctima contó que el imputado la golpeaba, le marcaba el cuerpo con un arma blanca y la obligaba a mantener relaciones sexuales con personas que él mismo seleccionaba al azar. También relató que fue forzada a participar en prácticas zoofílicas.

Los hechos se iniciaron en un contexto de supuesta tutela espiritual y luego derivaron en una relación de encierro, sometimiento y abuso. “Mientras Jorge trabajaba o salía, cerraba todo con llave. Me decía que había cámaras, que no podía ni prender la TV. Sólo limpiaba y cocinaba. Los mandados los hacía él”, declaró la víctima.

Durante ese período, fue encerrada en el baúl del auto cada vez que el presunto pastor viajaba a Tandil. “Poco a poco comencé a pensar igual a él por miedo. De a poco comencé a dar la mano como saludo entre los fieles, no saludé más a los hombres con un beso en la mejilla, Jorge no me dejaba. Comencé a vestirme con ropa grande, de negro o, mientras predicaba, con polleras largas”.

El fallo fue apelado tanto por la defensa como por la fiscalía. La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó parcialmente la condena y consideró procedente revisar la pena y la calificación legal en relación con la concurrencia de los delitos. El expediente volvió entonces al tribunal de origen, que dictó una nueva sentencia y fijó la pena en 30 años de prisión.

Nuevamente, la defensa presentó recurso ante Casación, pero los planteos fueron rechazados. La estrategia judicial del condenado se trasladó entonces a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a través de un recurso de nulidad e inaplicabilidad de ley, que fue desestimado en marzo de 2022.

La última instancia fue un intento por llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso federal. Sin embargo, la presentación fue rechazada por motivos estrictamente procesales: no cumplía con las exigencias formales previstas, por lo que fue declarado inadmisible. Con ese rechazo, la condena quedó firme.

Según informes incorporados al expediente, una pericia psicológica determinó que la víctima había quedado bajo un esquema de sometimiento total, con pérdida del sentido crítico, aislamiento emocional y dependencia hacia el acusado.