Reabrió La Salada bajo control de la Justicia: las revelaciones del negocio según la confesión de su máximo capo

Hoy reabrió La Salada. O, al menos, la mayor parte de ella. Las ferias Ocean, Urkupiña y Mega Polo La Salada, que integran el polo de venta de ropa de marcas falsificadas más grande de Latinoamérica, regresaron al negocio con sus capos presos o prófugos, bajo estricto control judicial y una serie de reglas establecidas por el juez Luis Armella con un fallo firmado el viernes pasado.

Las reglas incluyen una estricta fiscalización de ARCA y un proceso de blanqueo con un interventor judicial que “suplanta a la actual administración”, de acuerdo al fallo firmado la semana pasada al que accedió Infobae. Intervinieron en la reapertura también la Municipalidad de Lomas de Zamora y el Ministerio de Producción bonaerense. LA PFA dispuso un operativo de al menos 60 efectivos. El Ministerio de Seguridad provincial también vigla la situación.

ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, “deberá coordinar el proceso de formalización impositiva, mediante la inscripción de la totalidad de los puesteros no inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos Simplificado”.

No se admitirán productos de marcas falsificadas. Una inspección realizada dos semanas atrás al 20 por ciento del stock que quedaba dentro de los al menos seis mil locales de la megaferia reveló que el 70 por ciento de la mercadería contenía, precisamente, marcas falsificadas. Punta Mogote, la principal de las ferias de La Salada, se encuentra todavía bajo inspección de la PFA.

Así, comienza un desafío insólito para la Justicia y el Estado: poner a La Salada en blanco.

Permanecía cerrada desde el 22 de mayo, cuando la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal la clausuró en el marco de una megainvestigación por los delitos de lavado de dinero, evasión impositiva y venta de productos de marcas falsificadas llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona, con una redada realizada aquel día que incluyó más de 60 allanamientos y 20 arrestos.

En esa redada cayeron, por ejemplo, Jorge Castillo, el llamado “Rey” de la feria, su fundador histórico y la cabeza de su negocio, arrestado en su mansión de Haras El Argentino en la zona de Open Door, Luján. Luego, arrestaron a su hijo Manuel, su mujer, Natalia Luengo y su suegra Nilda Arrieta. A Manuel, por ejemplo, se le detectaron una cuenta de casi $750 millones de pesos y era titular de seis vehículos.

Punta Mogote S.C.A., la principal empresa del holding La Salada, “generó depósitos en efectivo en sus cuentas por $26 mil millones de pesos” durante desde 2021 hasta abril de 2025. El dinero en negro, sospechado en miles de millones más, un sistema que explotaba al menos seis mil puestos de venta en Lomas de Zamora.

La Salada -con su mezcla de legalidad e ilegalidad, un holding de empresas que nuclea a una serie de ferias como Punta Mogote, Ocean, Urkupiña y Mega Polo La Salada, así como la feria Mogote Factory en Flores, CABA, sus anillos exteriores, con sus puesteros, carreros, vendedores de comida, sus estacionamientos y sus tours de compras que llegan desde todo el país, Brasil y Chile- se había convertido en una economía central para miles de familias y para todo un municipio. Cerrarla implicaba una crisis, un barril de pólvora social, económico y político.

Así, los feriantes salieron a la calle, protestaron durante días, impulsaron una mesa de diálogo que incluyó a la fiscal, al juez del caso, Luis Armella, a representantes de la Municipalidad, del Gobierno nacional y provincial. La fiscal Incardona planteó una serie de medidas para blanquear la situación, que fueron avaladas por el juez Armella.

Y en el medio de todo, insólitamente, Jorge Castillo decidió declarar, con una indagatoria presencial que duró tres horas.

“Primero quiero aclarar de que se trata el negocio. Es inmobiliario, no compro ni vendo marcas, tengo galerías en flores y no vendo marcas, porque (la ropa) está uno o dos días y se lo llevan, eso es del Estado; venden y se lo llevan en el operativo”, aseveró al comienzo de su indagatoria.

Castillo, allanado y arrestado en 2017 en la misma mansión por el mismo delito, básicamente, considera que “nunca cometió un ilícito”.

¿Quién le lleva la plata al Rey de la Salada?

Luego, se le consultó por su parte en el negocio, al que fundó en 2008. “Soy socio, antes pertenecía a la administración, es una sociedad comanditada, que tiene 600 o 700 socios. No sé que proporción tengo, no sé cuantas acciones”, siguió: “la administración se hace por asamblea, yo participo en las asambleas, están designados como administradores Aldo Presa y Antonio Corrillo -nota: ambos investigados en la causa, Presa se encuentra detenido-, quienes esta a cargo. Una vez por año se hacen las asambleas y yo siempre voto en contra", aseveró, mientras abonaba teorías de un clima de conflicto con sus presuntos cómplices. “Yo soy el que trabaja y mi mujer cuida a los chicos”, aseveró, a pesar de que Natalia Luengo fue oída en intervenciones telefónicas mientras hablaba de montos millonarios.

“Yo hago obra y me pagan con locales. Nunca había efectivo, a mi me interesan los locales, a cambio de obra me pagan con locales". continuó. Sin embargo, Castillo ni siquiera supo decir cuántos locales posee. “Está registrado en la IGJ”, sonrió.

“El empleado alquila los locales, tengo cuatro cobradores, se rotan, otros cobran en las galerías”, siguió.

-¿Cómo hace para controlar?, fue la siguiente pregunta.

-Cuando viene la planilla, viene la plata. La plata la llevan a casa y después se hacen los pagos de las cosas en los bancos, todo en efectivo, ya que estoy inhibido. Tengo cerradas las cuentas, se me vencen las moratorias.

Castillo detalló en otro pasaje:

“Encontraron dos bolsas de la recaudación del día miércoles anterior, en cada feria hay una recaudación producto de los alquileres, están las planillas de lo que se cobran, están los precios, los puesteros se van corriendo. El alquiler se paga por día de trabajo”.

La siguiente pregunta es obvia: ¿Quién le lleva el dinero?

La respuesta fue sorprendente, una suerte de adicional de policía:

-La gente de las fuerzas de Prefectura, de (Servicio) Penitenciario, Policía provincial, yo lo pago para que lleven la plata. Los contrato yo directamente, los contrato por conocimiento o recomendación. Tiene que ser seguro porque toda esa plata va a pagos.

Castillo recordó el nombre de pila de un prefecto, de confianza para su organización. Su defensa se comprometió a aportar más datos al respecto.