Todo en blanco y sin los capos: los términos de la Justicia para el regreso de La Salada

La clausura de La Salada, la megaferia clandestina más grande de Latinoamérica, se convirtió en el barril de pólvora más tenso de la provincia de Buenos Aires. El 22 de mayo pasado, la Policía Federal ingresó al complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge, zona de Lomas de Zamora, en el marco de una causa por los delitos de lavado de activos y evasión impositiva a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, bajo la firma del juez Luis Armella.

En paralelo, la Policía Federal arrestaba en una ola de 62 allanamientos a Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján y a Aldo Presa, su histórico administrador, así como a sus hijos. Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, parte del complejo, un hombre de fluidos contactos políticos, cortejado política a lo largo de las últimas dos décadas, continúa prófugo.

Y en el medio de todo, quedó la gente, personas cuya vida entera era La Salada, puesteros, carreros, vendedores de café y chipá que, de repente, se quedaba sin su medio de vida.

Tras la clausura, protestaron frente a la Municipalidad lomense, exhibían recibos de sueldo, producto de la típica mezcla saladense de legalidad e ilegalidad, hablaban de contratos de alquiler frente a las cámaras de televisión, exhibían recibos de sueldo. Urkupiña SA, firma en la que Enrique Antequera es director suplente, con su familia que atraviesa el directorio, tiene completos sus pagos de cargas sociales, al menos, desde mayo de 2024.

Esta semana, los feriantes pasaron de la protesta a la venta: regresaron a la calle en Ingeniero Budge, para montar sus percheros y mantas en las calles aledañas a La Salada cerrada, en busca de recuperar un poco. Sin embargo, feriar en la calle es solo un parche para un problema inmenso: La Salada es una economía en sí misma y una espada de doble filo. ¿Cuánto puede durar una paz social en el conurbano sin La Salada? No solo sostiene a casi todo un municipio. Los tours de compras llegan no solo desde todo el país, sino también desde Brasil y Chile.

Los feriantes, también, presionaron por una reunión con la Justicia, en busca de reabrir las puertas de la feria. El viernes pasado se había agendado una reunión entre representantes del Gobierno, agentes judiciales y referentes de la feria, con resultados desconocidos. En sí, hay una posibilidad de que La Salada regrese, según aseguran fuentes del caso a Infobae. Sumamente remota, pero la hay.

Para que esto ocurra, tiene que cambiar radicalmente.

Es, por lo pronto, una idea en ciertos sectores del expediente que mantiene a La Salada cerrada y a Castillo preso y que fue conversada con agentes estatales. Si La Salada vuelve, deberá ser en blanco y sin sus capos y sus familias.

“Tienen que darse muchas condiciones que acordamos con el Gobierno nacional, provincial y municipal: intervención judicial, cero marca falsa, todos los puesteros y trabajadores empadronados, acreditación mediante factura del origen de los productos, todo el circuito comercial bancarizado, nada de efectivo”, asegura una fuente de máxima importancia en esta historia.

“Desde ya, los imputados en la causa deberían quedar fuera”, continúa la fuente.

“Cero marca falsa” y “nada de efectivo” ya son dos grandes desafíos. El fin de semana pasado, la PFA allanó otra vez la feria para relevar el stock de mercadería. Se revisó un 20 por ciento: 70 por ciento de esa ropa contenía marcas falsificadas, aseguran investigadores.

La fiscal Incardona, por otra parte, investigó los movimientos de las cuentas del holding La Salada: detectó depósitos en cash por más de $33 mil millones en cuatro años. Las redadas de la Federal terminaron con $432 millones decomisados, así como dos millones de dólares y siete máquinas de contar plata.

La larga trama de sociedades que componen La Salada, también, implicaría una serie de intervenciones, con un rol posible para la Inspección General de Justicia.