La Justicia avanza en dos frentes para esclarecer la presunta coima de 25 mil dólares cobrada por Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, para fichar a un joven platense en las inferiores.
Por un lado, en el fuero contravencional penal porteño, el fiscal Maximiliano Vence encabeza un expediente iniciado de oficio tras la difusión de la cámara oculta, realizada por el programa Telenueve Denuncia. Los delitos violación a la ley de espectáculos deportivos y violación al artículo 173 del Código Penal: financiamiento de barrabravas y un contrato simulado, administración infiel. El financiamiento barra, por ejemplo, se castiga con uno a seis años de cárcel.
En ese expediente, Morelli decidió autodenunciarse, con una presentación a cargo de su abogado, Gastón Marano, donde aseguró ser víctima de “una cama”. Sin embargo, todavía no fue citado a declarar, como testigo o imputado. Vence investiga su causa bajo un fuerte secreto de sumario y busca acumular pruebas para definir la situación del presidente del club. Marano, por lo pronto, no pudo tomar vista de los contenidos del expediente. En paralelo, se realizó un pedido de información a Canal 9, para acceder a los videos originales de la cámara oculta.
Todavía falta una pieza clave en el tablero del caso.
El viernes pasado, Vence ordenó allanar con la autorización de la jueza Rocío López Di Muro la sede del club en Boedo, así como la casa de Moretti mismo en Caballito, en operativos realizados por la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se buscaron libros contables y de tesorería, registros de ingresos y la ficha del jugador de las inferiores por el que se habría cobrado la dádiva.
El pedido de allanamiento a la casa incluía incautar el celular del presidente de San Lorenzo. Sin embargo, el aparato sigue sin aparecer.
Moretti no estaba presente al momento del operativo. Allí, “se incautaron todos los dispositivos electrónicos en la casa que no pertenecían a los hijos menores de edad” del presidente de San Lorenzo. El todavía directivo, cinco días después, aún no lo entregó a la Justicia contravencional.
Fuentes cercanas a Moretti aseguran que aguarda el pedido forma del fiscal Vence para entregar el aparato. En los tribunales, en cambio, afirman que “no tendría sentido”, dado el riesgo de que haya borrado pruebas con el paso del tiempo.
En paralelo, la jueza Laura Bruniard y la fiscal Mónica Cuñarro investigan un segundo expediente, iniciado en la Justicia de instrucción tras la denuncia de César Francis, ex candidato a presidente del club.
Francis, que se había presentado en la Cámara Criminal y Correccional para denunciar a Moretti por administración fraudulenta -un delito que conlleva una pena máxima de seis años- fue citado por Cuñarro para ratificar su denuncia. Ante la fiscal, Francis repitió ayer sus términos. En base a sus dichos, Cuñarro y Bruniard deberán definir el delito a investigar. La causa, por lo pronto, continúa bajo la figura de averiguación de ilícito.
Moretti, en uso de licencia, resiste formalmente en su cargo y se niega a renunciar a pesar del escándalo, con la presión de la oposición del club de Boedo para que sea suspendido de su silla. Por su parte, AFA comunicó que el Tribunal de Ética de la entidad actuará de oficio por esta situación. “He visto las imágenes que han visto todos. Sin dudas, nosotros actuamos como corresponde. Hay un tribunal autónomo que se tiene que encargar estatutariamente de realizar la investigación pertinente”, aseguró días atrás Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente.
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