Dos policías fueron detenidos este martes por la tarde en la comisaría 30ª de la zona norte de Rosario por estar sospechados de haber extorsionado a un joven con una falsa denuncia de abuso sexual, a quien exigían el pago de medio millón de pesos para no arrestarlo.
Los acusados son el oficial Gerardo A. y el suboficial Pablo Luciano N., quienes estuvieron aprehendidos pocos minutos, ya que la fiscal Karina Bartocci del Ministerio Público de la Acusación resolvió citarlos en libertad a una audiencia imputativa que se hará en su oficina del Centro de Justicia Penal, y no ante un juez.
De acuerdo a los datos a los que accedió Infobae, todo comenzó el viernes pasado, cuando la víctima fue a retirar un juego de llaves que, por motivos que no están claros, su exnovio –quien no es oriundo de Rosario–había dejado en la seccional policial.
Sin embargo, cuando el hombre llegó a la dependencia, fue recibido por los agentes Gerardo A. y Pablo N., que hicieron pasar al joven a una oficina. Allí lo requisaron y le indicaron que su ex pareja había radicado una denuncia en su contra por abuso sexual.
Los policías sugirieron a la víctima que el relato de la presentación judicial de su ex pareja lo había complicado y añadieron que, en caso de resultar aprehendido, iba a estar junto con presos “sin diferenciación sexual”.
En la desesperación, el hombre ofreció a los uniformados su teléfono como forma de pago de una coima más 32 mil pesos que tenía en una cuenta. El oficial Gerardo A. y el suboficial Pablo N. lo dejaron libre, pero le avisaron que tenía que pagar medio millón de pesos en los días siguientes.
El joven al irse del edificio policial hizo la correspondiente denuncia. Fue así que la fiscal Bartocci coordinó con la División de Asuntos Internos una “entrega controlada”.
Este martes, el denunciante fue hasta la comisaría con 100 mil pesos que previamente habían sido marcados por Asuntos Internos y se los entregó a los dos policías que lo habían extorsionado.
Al momento de la operación, llegó personal de Asuntos Internos, aprehendió al oficial y al suboficial e incautó sus celulares. Además, secuestró los billetes marcados, que habían sido dejados en un cajón de un mueble de la guardia.
Pese a que la extorsión se había consumado, puesto que se llegó a abonar con billetes marcados, desde el Ministerio Público de la Acusación se dispuso que los dos agentes sean liberados y en esa condición lleguen a la audiencia del martes 22 de abril donde serán formalmente acusados.
Imputaron a un ex jefe de Policía de Santa Fe por torturar detenidos
Un jefe de Policía de Santa Fe y otros seis alternos fueron imputados y quedaron detenidos bajo prisión preventiva por aplicar torturas físicas para obtener información durante un procedimiento policial ilegal en Rosario.
Se trata de Miguel Alberto Aguilar, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe. Él fue acusado de ser coautor de los delitos de omisión de evitar torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integración en una asociación ilícita.
El incidente en cuestión ocurrió el 13 de agosto de 2024 en el barrio Azcuénaga, cuando un grupo de policías provinciales, bajo el mando de Aguilar, realizó un allanamiento sin contar con una orden judicial. Durante el operativo, los agentes habrían robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos. Según el planteo de la Fiscalía, estos elementos fueron sustraídos con el fin de lucrar con el narcotráfico.
El fiscal federal Javier Matías Arzubi Calvo, quien supervisó la investigación, describió la situación como un abuso de poder grave. De acuerdo con su acusación, Aguilar no solo permitió que se llevaran a cabo actos ilegales bajo su supervisión, sino que participó activamente en la obtención de datos mediante la tortura de los detenidos.
En las últimas horas, el juez Carlos Vera Barros, encargado del caso, decidió prorrogar las prisiones preventivas de los implicados por 180 días, ante el riesgo de fuga y el peligro de que los acusados interfieran con la investigación.
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