La causa por el doble asesinato de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) ya está en nuevas manos. El fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, fue elegido por sorteo público para continuar con la investigación, que hasta el momento no tuvo avances significativos.
El desembarco de Provisionato en el caso ocurrió tras la renuncia del fiscal Hernán Bustos Rivas, quien conduce la UFI N°5 de la misma jurisdicción.
De forma interina, este miércoles se había hecho cargo de la causa la fiscal Nuria Gutiérrez, de la UFI N°4 de Florencio Varela, quien hoy cedió el expediente a su colega.
Aunque su fiscalía no se especializa en esta temática, Darío Provisionato investigó una gran cantidad de homicidios en su ciudad desde 2017, cuando asumió su actual cargo en el Ministerio Público Fiscal. Además, llevó adelante un caso de corrupción municipal en 2024. Ordenó la detención de 11 funcionarios locales, acusados de fraude con los cobros de tasas municipales.
Según la investigación del fiscal Provisionato, se desarrolló un esquema fraudulento para desviar pagos en efectivo realizados por contribuyentes que tramitaban licencias de conducir y otros permisos. Ese dinero no llegaba al Tesoro municipal, sino que iba a los bolsillos de los imputados.
Por qué renunció el fiscal de la causa
El fiscal Hernán Bustos Rivas, que investigó el caso desde el hallazgo de los cuerpos en un descampado, al pie del puente de Bosques, pidió abandonar la investigación tras diez días sin avances importantes para esclarecer el doble homicidio.
Quien aprobó que se excusara fue el titular del Juzgado de Garantías Nº8, Adrián Villagra. El fiscal Bustos Rivas justificó su decisión de dejar el caso por presuntas amenazas del abogado de los padres de Josué, Carlos Diéguez, quien según el magistrado lo presionó para que investigara una hipótesis alternativa al robo seguido de homicidio.
Según le comunicó el ahora ex fiscal de la causa al juez Villagra -en una resolución a la que tuvo acceso este medio- la situación a la que lo expuso el abogado representa “una violencia moral que impide que prosiga con la prosecución de la causa con el equilibrio espiritual necesario”.
Ante la consulta de Infobae, Dieguez negó las acusaciones del fiscal, aunque reconoció haberse reunido con él, en su despacho, el 6 de febrero pasado. También ponderó la designación de Provisionato, a quien calificó como “un funcionario judicial muy honesto, comprometido con su labor y buen investigador”.
Cómo sigue la causa
El último movimiento en el expediente fue el informe complementario de la autopsia, que ratificó que Paloma Gallardo no fue abusada sexualmente, como afirman sus padres. Ambos sufrieron una doble fractura de cráneo.
Con el esclarecimiento del doble asesinato frenado, este miércoles se abrió una ramificación de la causa. La Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos, acusados de intentar organizar una toma de terrenos en el descampado que es la escena del crimen.
De acuerdo a la investigación que hizo el área de Cibercrimen de la Superintendencia de Delitos Complejos, el objetivo de los delincuentes era usurpar, lotear y vender el predio de diez hectáreas.
Esta parte de la investigación la asumió la fiscal interina Nuria Gutiérrez, aunque también pasaría a la órbita del flamante investigador.
Según precisaron fuentes policiales, la organización de la toma se hizo a través de WhatsApp y grupos de Facebook. Buscaban reunir 500 familias antes de meterse al terreno.
En los cinco allanamientos que hizo la Policía Bonaerense en Quilmes y Florencio Varela encontraron un listado de 217 personas y una serie de planos que detallaban lotes de 10 x 25 metros.
“Gente de Bosques, quiero que nos juntemos en el terreno donde encontraron a los chicos y lo tomemos. A la Municipalidad no le importa ese terreno. Ese terreno a la larga se va a llenar de casas. Lo mejor que hagamos eso de meternos nosotros o los que estén necesitando un espacio. Hablen y nos organizamos”, decía el posteo en redes sociales que activó la convocatoria el 4 de febrero, dos días después del hallazgo de las víctimas.
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