
A poco más de una semana de que iniciara el juicio en contra de Elián Valenzuela, el cantante conocido por su nombre artístico L-Gante, se confirmó que este viernes el fiscal Adrián Landini presentará el alegato para acusarlo como el responsable de los delitos de “amenazas y privación ilegítima de la libertad” y “amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificados”. Se tratan de dos expedientes diferentes que fueron abiertos el año pasado luego de que fuera denunciado por dos empleados municipales de General Rodríguez.
Después de que el artista compareciera ante el juez Ignacio Racca del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes durante las audiencias pactadas para el 8, 9, 10 y 11 de octubre, el acusador argumentará los motivos por los que consideraron que el músico debería ser condenado a 12 años de prisión por los cargos que enfrenta. La audiencia fue programada para las 10 horas y se espera que el juzgado dé el veredicto el próximo lunes 21.
El expediente más complicado para Valenzuela es el que tiene en su contra por privación ilegítima de la libertad. Esa causa comenzó tras una denuncia de dos empleados municipales que lo acusaron de haberlos subido a su auto a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola después de que varios de sus amigos, que se hacen llamar “La Mafilia”, fueran demorados por haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del Conurbano.
A pesar de que el cantante no habría estado involucrado en el enfrentamiento entre las bandas, los testimonios recogidos por los investigadores señalaron que L-Gante salió de su casa ubicada en el country del Banco Provincia, en General Rodríguez, para buscar a Darío Gastón T. que también era vecino de la comunidad cerrada.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes, para después mencionar que a unas cuadras abordó a la segunda víctima, identificada como Rosa Catalina P. Se calcula que el cantante los habría retenido por unos 20 minutos dentro de su BMW, mientras les aseguraba que “si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes”.
Durante los 100 días que pasó detenido en la DDI de Quilmes, el cantante había negado que se hubiera tratado de un secuestro, debido a que afirmó que los denunciantes habían subido al vehículo “por su propia voluntad”. “Yo solo quería hablar de macho a macho”, reconoció al agregar que cuando los habría liberado en una estación de servicio cercana a la Autopista Acceso Oeste, se habría tratado de un acuerdo con ambos.
Un año más tarde del episodio, el cantante de cumbia 420 opinó sobre el proceso judicial durante una entrevista que brindó en el living de Susana Giménez, emitido el domingo pasado por Telefe. Luego de haber sido consultado por la cantidad de años que pidió la Fiscalía, Valenzuela aseguró que se encontraba tranquilo y manifestó: “Según la ley, si eso fuera verdad, tendría esa pena”.

“Yo pienso que lo vieron como una acusación fácil, en especial cuando vieron que fui detenido”, analizó el músico al repasar las acusaciones que formularon en su contra. “Se dice que fue un secuestro, pero solo fue ir a tener un diálogo con una persona que se había peleado en la puerta de mi casa”, reiteró al mencionar que los días que estuvo detenido fueron motivados por las diferentes acusaciones.
Incluso, L-Gante apuntó contra el hombre que lo denunció al plantear que la denuncia y posterior juicio “es con fines de lucro. No hay otras palabras. Es gente que se peleó con amigos míos en la puerta de mi hogar”. Asimismo, indicó que uno de los denunciantes viviría frente a su casa, mientras que el segundo vivía en la zona pero “un poco más alejado”.
Por este motivo, recordó que no estuvo involucrado en el altercado, pero que antes solía ser la persona que hablaba y lidiaba con esta clase de problemas. “Mis amigos me tienen confianza a la hora de ir a resolver las cosas. Ahora, les digo que no me meto más y no es cosa mía”, expresó el cantante al remarcar que estaba cien por ciento a disposición de la Justicia.
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