
Dieciséis personas fueron llevadas a audiencia imputativa en la mañana de este viernes en Rosario por estar sospechadas, en su mayoría, de haber participado en el atentado contra un colectivo –donde no hubo lesionados–, el crimen del taxista Diego Alejandro Celentano (38 años) y el colectivero Marcos Iván Daloia (39), hechos ocurridos el miércoles y jueves de la semana pasada.
El cuerpo de fiscales integrado por Patricio Saldutti, Marisol Fabbro, Luis Schiappa Pietra, Fernando Dalmau y Franco Carbone sentó en el banquillo virtual de los acusados –ya que todos los sospechosos estuvieron presentes por videoconferencia– a Raúl Justino Pereyra, David Joel Pereyra, Eduardo Alvarado, Micaela Barrios, Natalí Belén Barrios, Alejandro Sebastián Caro, José Luis Caro, Marcelo Fabián Caro, María del Luján Caro, Jesús Darío Chaves, Lucía Jimena Orue, Romina Belén Quiroga, Walter Quiroga, Lucía Celeste Rodríguez, Ezequiel Agustín Rodríguez y Tobías Barrios.
Tobías Barrios ya era conocido para algunos fiscales, ya que en abril de 2021 recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión en un juicio abreviado por haber participado en atentados contra edificios judiciales, sedes policiales y domicilios particulares de jueces. Ahora, le atribuyeron el hallazgo de una moto robada mientras se profundizan medidas para establecer si participó en uno de los ataques a tiros que tuvieron lugar la semana pasada contra una comisaría.
Raúl Pereyra fue, para los investigadores, el encargado de haber llamado a Su Radio Taxi, situación que derivó en la comisión de Diego Celentano, a quien luego mataron de cinco tiros –con balas de la Policía– a quemarropa por parte de los dos gatilleros que se habían hecho pasar por pasajeros. En función de esa presunta participación, lo ubicaron como coautor del homicidio.
A José Caro, Jesús Caro, Lucía Orue, Eduardo Alvarado, Walter Quiroga, Marcelo Caro, Romina Quiroga, María Caro y Alejandro Caro, los fiscales los imputaron por haber escondido una Honda Twister 250cc. el pasado 6 de marzo, minutos después de que se baleara un colectivo de la línea 122 bandera roja en Cerrito y México. En ese episodio no hubo personas lesionadas, pero se considera que se buscó herir al chofer.

Por su parte, José Caro, Jesús Caro, Jimena Orue, Micaela Barrios, Natalí Barrios, Eduardo Alvarado, Walter Quiroga, Marcelo Caro, Romina Quiroga, Marca y Alejandro Caro, también fueron acusados porque la Policía de Investigaciones les incautó otra Honda Twister, de otro color, que habría sido la usada para asesinar al colectivero Daloia, cuyo ataque fue el jueves de la semana pasada en Mendoza y México, cerca de donde había sido la balacera al colectivo de la línea 122. Además, en uno de los domicilios donde fueron arrestados los sospechosos se secuestró la ropa que habían usado el sicario y el motociclista que participaron en el homicidio del colectivero.
Por el momento, resta conocer quiénes fueron los autores materiales tanto de los cuatro crímenes como de los atentados, como así también quiénes estuvieron detrás de las instigaciones. Los investigadores judiciales sugirieron que habrían participado reclusos de Rosario que están alojados en cárceles provinciales y federales.
En otra audiencia que se realizó este viernes en el Centro de Justicia Penal fue imputado un hombre de 45 años que el lunes pasado realizó una amenaza de bomba a la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Se trata de Daniel Antonio Ríos, que quedó en prisión preventiva efectiva por 60 días por decisión del juez Nicolás Foppiani, que consideró que fue un hecho grave por el contexto en el que hizo el llamado al 911.
Ríos fue acusado por el fiscal Federico Rébola por los delitos de falsa denuncia e intimidación pública. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación expresó que el llamado lo hizo desde una cabina telefónica de la propia terminal de ómnibus, lugar al que regresó al día siguiente para hacer otra intimidación, aunque en ese momento fue aprehendido por la Policía.
A la hora de resolver, el juez Foppiani anticipó que las circunstancias que rodearon la amenaza –cuyo móvil se desconoce por el momento– serían la base para que el hombre reciba una eventual pena de 7 años de prisión.
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