La semana pasada 25 presos se fugaron de la comisaría 21° de Rosario, dentro de los que se encontraba un hombre acusado de homicidio. Días después, desalojaron la seccional y trasladaron a los 27 reclusos que permanecían detenidos allí hasta que el lugar “recupere su operatividad”.
Pasadas las 5 am del 21 de diciembre, los detenidos se escaparon de la comisaría tras forzar la puerta trasera del módulo, según trascendió. Al momento de la evasión, había 48 detenidos en la seccional, un lugar que tiene capacidad para 16, tal como indicaron a Infobae desde el Ministerio de Seguridad. La sobrepoblación, el principal motivo de fugas de comisarías en todo el país, era evidente.
Los prófugos fueron identificados como Nelson Germán Chieu, Juan Manuel Palacio, Leandro Ezequiel Sanche, Jonatan Ezequiel Mansilla, Maximiliano Nicolás Encina, Facundo Omar Barrios, Nahuel José Meza, Martín Ezequiel Godoy, Ezequiel Jesús Cueva, Martín Osvaldo Mansilla, Raúl Hilario Lugo, Alan Michel Pacheco, Jonatan David Silva, Claudio Silvio Noriega, Marcos Oscar Suárez y Lautaro Gastón Alegre. En su mayoría, tienen antecedentes por robo calificado, encubrimiento, violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas.
De esta manera, se puso en marcha un operativo para dar con sus paradero. Durante las primeras horas, se logró recapturar a 9 de los internos y el número de detenidos aumentó con el correr de los días. Ahora, solo quedan 7 personas prófugas.
Mientras la Policía intenta recapturarlos, la gestión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuesta por resolver los principales problemas en materia de seguridad que afectan a la provincia. En ese sentido, se ordenó el desalojo de la comisaría en la que se generó la fuga y se dispuso el traslado de los 27 detenidos hacia la cárcel de Piñero, mientras que los delincuentes recapturados fueron enviados a Coronda.
Al respecto, durante una conferencia de prensa organizada tras el operativo, la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, aseguró: “Estamos trabajando a marcha forzada para cumplir la orden del gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni de sacar los presos de las comisarías y llevarlos al Servicio Penitenciario, lo que se traduce en poner la policía en la calle y controlar los penales”.
Con respecto al estado de las unidades penitenciarias, la funcionaria provincial comentó que “no se realizaron las obras durante los últimos cuatro años”. La sobrepoblación penitenciaria es uno de los principales problemas de la provincia, que registró en los últimos meses varias fugas en sus seccionales, debido a la falta de capacidad de las comisarías.
En esa línea, Masneri ratificó el compromiso del gobernador con “reforzar el patrullaje preventivo, que la Policía recupere su operatividad y que los internos estén todos custodiados por el Servicio Penitenciario”. “Haremos absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance. Las comisarías no están para contener presos durante demasiado tiempo sino de manera transitoria”, sumó.
Los detenidos recapturados
Con el correr de los días, la Policía aprehendió a más reclusos, dentro de la lista de recapturados se encuentran: Noriega, Barrios, Godoy, y Meza, quien destacaba entre la lista de criminales prófugos por estar acusado de homicidio.
El hombre se encontraba detenido desde el pasado 8 de diciembre al ser señalado como el presunto coautor del homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Elías “Barba” Vázquez (29), que habría ocurrido ese mismo día. Como consecuencia de la acusación, la jueza Verónica Lamas González le dictó una prisión preventiva sin plazos el 13 de diciembre.
De acuerdo con la información proporcionada por Rosario 3, Vázques era un trabajador nacido en Puente Gallego y murió al intentar esquivar a una dupla de delincuentes que lo perseguía para poder robarle la motocicleta en la que circulaba. En medio de la persecución, el hombre chocó contra un poste de luz ubicado en las calles Batlle y Ordóñez al 2500. Tras el accidente, los motochorros le sustrajeron la motocicleta y huyeron en ella.
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Además, se solicitó un informe sobre el uso del teléfono de otro preso sospechado de ser parte de la organización delictiva. El fiscal Patricio Ferrari había solicitado que se incomunicara a los 40 acusados del expediente
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