En conflicto contra la venta ambulante, la municipalidad de La Plata impulsó una denuncia penal para que se investigue si detrás de la venta ambulante por parte de inmigrantes senegaleses opera una red de trata de personas.
Ayer, la intendencia a cargo de Julio Garro radicó una presentación ante la Justicia federal de La Plata en la que pide que se investiguen los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación y reproducción de marcas”, “encubrimiento de contrabando” y “evasión tributaria”.
El municipio sospecha que existe la comisión del delito de trata de personas detrás 200 manteros senegaleses que se encuentran trabajando en la capital bonaerense. En su mayoría, estos inmigrantes son personas indocumentadas.
Según consta en esa denuncia, una mujer sería la “cabecilla” de la organización y la responsable de proveer la mercadería que comercializan. Además, les brindaría alojamiento y hasta viandas de comida diarias.
Desde hace años, el intendente Julio Garro lleva adelante una ofensiva contra la venta ilegal ambulante, que incluyó operativos e incidentes con los manteros senegaleses. La última denuncia se sumó a otras presentaciones anteriores que venía llevando adelante la ciudad de La Plata, con el objetivo de que se investigue el origen de la mercadería.
Contrabando y falsificaciones
Este tipo de venta ambulante está bajo investigación judicial, ya que presenta irregularidades en relación a su procedencia. De acuerdo al material incautado, son artículos que violan la legislación por ser falsificaciones de marcas; y advierten que no existen códigos aduaneros respaldatorios, acerca de cómo ingresaron al país.
A raíz de que la población migrante involucrada se encuentra en situación de vulnerabilidad social, desde La Plata se armó una mesa de trabajo entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo para adoptar una respuesta integral a la problemática.
“La situación del comercio ilegal se debe abordar de manera integral y entendemos que, esencialmente, se trata de buscar una solución concerniente a las políticas migratorias”, sostuvo la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna, Virginia Pérez Cattáneo.
”Puede establecerse que la mercadería era extranjera y que la misma había sido introducida al país evitando los controles aduaneros correspondientes, y por ende, su procedencia ilícita, incurriendo con ello en el ilícito de encubrimiento de contrabando”, agregaron en la presentación.
La municipalidad a cargo de Julio Garro dijo que se dejó de manifiesto la “evasión tributaria” al observarse la falta de procedencia de la mercadería y su comercialización en la vía pública a través de puestos ilegales.
Según se precisó, serían unos 200 senegaleses los que se encuentran bajo este régimen irregular, los cuales habrían sido ingresados al país por medio de una red de tráfico de personas y puestos a trabajar en situaciones de esclavitud. Por eso se solicitó una serie de intervenciones judiciales ante el presunto delito de “asociación ilícita”.
”Una de las grandes problemáticas por las cuales se dedican a la venta ilegal es porque no pueden acceder a ningún tipo de asistencia por parte del Estado o a programas de educación ya que no figuran en los registros por estar indocumentados. Hay tintes humanitarios que hay que resolver, pero manteniendo firme la decisión política de que el comercio ambulante en las calles de La Plata se tiene que terminar”, concluyó Virginia Pérez Cattáneo.
Con la declaración de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio, la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes (CM/CM) manifestó su preocupación por la situación de los vendedores ambulantes de Senegal. “Los trabajadores ambulantes no han percibido ingreso alguno para poder llevar un plato de comida a la mesa, pagar el alquiler y los servicios”, señalaron en un comunicado de junio pasado.
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