
A mediados de septiembre de 2019, a bordo de una camioneta Honda HRV, cuatro brasileños fueron detenidos en un control de Gendarmería en la localidad de San José, provincia de Misiones. En el paso sólo había un gendarme, quien se acercó al vehículo y a centímetros de la ventanilla del conductor sólo recibió miradas frías, pocas respuestas y ningún saludo cordial. En el silencio de esa tarde, el gendarme buscó ayuda, se dispuso a ganar tiempo hasta la llegada de un móvil de apoyo. Quienes investigaron aquel episodio fueron tajantes: “Ese gendarme nunca supo la suerte que tuvo, no lo amasijaron a balazos porque no quisieron”.
La camioneta tenía patente argentina pero era brasileña. El número del motor estaba limado. Tenían en su poder uniformes de la Policía Federal Argentina, chombas y rompevientos perfectamente ploteados, pero falsos. En un bolso siete pistolas, dos silenciadores y 19 precintos negros. Entre sus celulares, un contacto: Luis Miguel B., detenido hace menos de un mes y sindicado por estas horas como parte de un plan criminal que intentó asesinar a Fernando Verón, juez de Instrucción N° 3 de Posadas.
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Infobae se contactó con el entorno del magistrado e informaron que Verón se encuentra “bien, anímicamente estable, tranquilo, pero custodiado a full”. Verón supo días atrás que Luis Miguel B. había sido detenido en un control de rutina, también efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), cuando se movilizaba en un Nissan Sentra, acompañado por un hombre de nacionalidad paraguaya, a quien entre sus pertenencias le encontraron una pistola Glock 9 mm.
“Le había pasado hace algunos años con otro detenido, quien juró vengar su condena con sangre. La sangre de Verón”, relataron desde el juzgado que encabeza. Tras la aprehensión de Luis Miguel B., prófugo desde que la investigación detectó su vínculo con los brasileños, Verón recibió un informe en el cual se cruzaron mensajes de WhatsApp desde su celular con otro móvil detectado en el penal de Ezeiza, un caso que adelantó el periódico El Territorio.
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La detención de Luis Miguel B. y su acompañante paraguayo continuó con otras dos, efectuadas en la casa del primero tras la intervención de el juez Marcelo Cardozo, quien ordenó un allanamiento en el domicilio ubicado sobre la calle Salvador Miqueri, a dos cuadras de la ex ruta 213.
Allí encontraron a un soldado del Ejército Argentino, cuñado de Luis Miguel B., y a otro hombre nacido en Posadas, de quién no se reveló el nombre. Debajo de una cama había un fusil Armalite M16, la clásica ametralladora del ejército estadounidense. El análisis de los teléfonos incautados desnudó el plan en el que buscarían interceptar a Verón y asesinarlo en la vía pública.
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“El principal sospechoso como autor intelectual de este plan es Néstor Fabián Rojas, detenido en el penal federal de Ezeiza, un delincuente ligado al narcotráfico y a quien se le investigan tres asesinatos durante los últimos dos años. Es el único detenido de Verón en Ezeiza. La hipótesis surge de ese contacto”, indicaron a este medio fuentes ligadas a la investigación.
La reconstrucción de estos hechos se hizo a través de las comunicaciones entre Rojas y este grupo delictivo que, entre los mensajes de WhatsApp, confirmaban la promesa de traer al país “tres metra (metralladoras)” y aseguraban haber juntado la gente necesaria “para hacerlo”.
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Luis Miguel B. es la punta del triángulo entre Rojas, detenido en septiembre de 2018 tras permanecer varios años prófugo por las muertes de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, y los cuatro brasileños.
Rojas cayó el 13 de agosto de 2018, ocho días después del homicidio a balazos de Aldo Cantero, asesinado en la localidad de Gobernador Roca. Un año más tarde llegaron los brasileños con las chombas falseadas de la PFA, las cuales llevaban tres apellidos de fantasía: “Ortigoza”, “Flores” y “Nebrisky”
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El arribo de los brasileños al país, según los investigadores, tuvo como propósito liberar a Rojas, quien por ese entonces permanecía en la cárcel de Puerto Rico, en Misiones, tras ser trasladado desde Oberá luego de que aumentaran las sospechas de que el hombre ligado al narcotráfico intentaría escaparse.
El 13 de julio de 2019 fue alojado en la Unidad Penal VII y los medios locales graficaban el miedo de las autoridades judiciales: el temor de un intento de copamiento, con apoyo de células del Primer Comando Capital (PCC), temible organización delictiva de Brasil, con asentamiento en Paraguay.
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Para sectores de inteligencia en el Estado en aquel entonces, no había dudas. “Los tres brasileños eran PCC, otra no queda”, afirma un histórico. El PCC, que controla el negocio narco de la marihuana junto al Comando Vermelho, compuestos por feroces sicarios brasileños y paraguayos, hace tiempo que echa su sombra en la Argentina, con miembros iniciados que ingresaron al país. Uno de sus miembros más célebres, Thiago Ximenes, alias “Matrix”, cuya deportación fue celebrada por el presidente de Paraguay, fue iniciado en un penal federal de Neuquén.

El miércoles 8 de octubre de 2019, tras pasar varios días en una comisaría de la Policía provincial, los sicarios brasileños recibieron un casco en sus cabezas y chalecos antibalas. Fueron trasladados en un vehículo blindado por el Escuadrón Alacrán, una unidad especial de operaciones de la GNA, que los cubrían con sus escudos. Viajaron primero en un móvil blindado, luego subieron a dos helicópteros, también de Gendarmería, con rumbo a Buenos Aires. Así, los brasileños llegaron al penal de Ezeiza.
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“Hasta que no pisaron la cárcel no quisimos informar que habían sido trasladados. No estamos hablando de cuatro delincuentes menores. Son criminales de una organización que cuenta con miles de personas que lleva en sus tatuajes las claves por las cuales supimos, previo trabajo con las cárceles brasileñas, a quiénes representan”, manifestaron desde la investigación.
Y agregaron: “Nadie quería agarrar el caso de los brasileños. Todos los jueces se recusaban a hacerlo. A ningún penal del país les cerraba la idea de recibirlos. Llevan tatuajes de payasos grotescos, armas de guerra, contactos allá y acá, ropa confeccionada en Bolivia y Paraguay. No son ningún chiste”.
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Durante los últimos 25 años, el PCC -creado en las cárceles de Sao Paulo en venganza por la brutal masacre de Carandirú de 1993- pasó de ser una simple banda de sicarios y narcotraficantes a convertirse en la fuerza asesina más brutal debajo del Ecuador, con el no menos temible Comando Vermelho con el que se disputa territorios en enfrentamientos armados.
“Es fuerte confirmar que son del PCC, pero la posibilidad es alta. Muy alta. Desde que se detuvo a los cuatro brasileños, Luis Miguel B. había desaparecido. ‘El contacto local se borró‘, decían. Y cuando hablábamos de que se había borrado, se había borrado. Y ahora apareció. Nada es casual”, completaron.
De repente, el futuro del delito en la Argentina, una posible nueva era de pesados que hacen palidecer a los capos locales actuales, se vuelve algo más nítido.
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