El ex intendente de Itatí, funcionarios, policías y gendarmes van a juicio acusados de narcotráfico

Natividad Terán, el ex intendente de la ciudad correntina de Itatí, su vice Fabio Aquino y otros 24 sospechosos, incluidos agentes de fuerzas de seguridad y funcionarios, serán juzgados por el delito de integrar una banda que al menos desde 2014 traficó marihuana desde Paraguay.

Según la presunción de los investigadores, la banda movía seis toneladas por semana de cannabis prensado desde el país vecino y la comercializaba en gran parte de Argentina, y usaba niños para algunas de sus operaciones.

El juez federal porteño Sergio Torres terminó la instrucción de la causa y acusó a los implicados por "asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos".

Además de Terán (51) y Aquino (36), serán sometidos a juicio Hebelin (29) y Cristian Aquino (41) -hermanos del ex vice-; la ex secretaria municipal Corina Noguera (31), al prefecto Julio Saucedo (26), el comisario de la Policía local Diego Ocampo Alvarenga (51), el sargento de la seccional Itatí, Mario Molina (34); y la cabo Gabriela Quintana (30).

También irán a juicio oral el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Rubén Ferreyra (45); el sargento de la PFA Carlos López (40); el gendarme Gabriel Alcaraz (38); el abogado Omar Serial (34); Francisco Noguera (27); Alejandro Piris (40); Alejandro Gayoso (45); Federico Neme (31); Liliana Bobadilla Ríos (36); Silvina Ayala (28); y Angélica Saucedo (44). Y además, Carlos Bareiro (38) -acusado de ser uno de los cabecillas de la organización-, Franco Rodríguez (22), Eduardo Correa (36), Carlos Romero (48), Melanio Mareco Vargas (56), y un menor de edad.

De los 26 imputados, sólo un adolescente y el policía Molina se encuentran excarcelados. Para Torres, la organización estaba dividida en tres células y los cabecillas de cada una de ellas eran Carlos Bareiro (actualmente detenido en la provincia de Chaco) y los prófugos Luis Alberto Saucedo, alias "El Gordo" (tío del prefecto imputado); y Federico Sebastián Marín; por quienes se ofrece una recompensa de $ 500.000.

Según el requerimiento de elevación a juicio firmado por Torres, las maniobras comenzaron al menos en mayo de 2014 y se determinó que la marihuana la compraban en "panes" o "ladrillos" y la traían por el río Paraná desde Paraguay, para distribuirla en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Durante la investigación se estableció que compraban el cannabis en la célebre ciudad paraguaya productora de esta planta, Pedro Juan Caballero, de allí la pasaban a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná. Una vez del lado argentino, la banda usaba a menores para descargar las lanchas, luego colocaba los ladrillos en autos y camionetas y así los acercaba a los compradores.

La distribución terminaba en "los lugares acordados con los diferentes compradores", identificados por Torres como "otras células" delictivas dedicadas a las mismas actividades que, se sospecha, continuaban con la secuencia de tráfico hasta su comercialización final.

Por su parte, "Roger" Terán -por entonces jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes- y  ex viceintendente "se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad, como así también se dedicarían a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia".

Al ex agente de la PNA Saucedo, sobrino de "El Gordo", se le imputa el rol de distribuir la marihuana, y se investiga si gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería.

El comisario Ocampo Alvarenga, según el juez Torres, "brindaba protección a los narcotraficantes, información y acción directa frente a un procedimiento de otra fuerza, invocando jurisdicción local". A este policía se le encontraron dos panes de cannabis en su comisaría cuando se ejecutaron los allanamientos.

Los policías federales Ferreyra y López coordinaban "las tratativas relativas a las operaciones de tráfico ilícito" y el comandante de Gendarmería Alcaráz funcionaba como "buchón". Según Torres, este agente de la fuerza de seguridad nacional "habría proporcionado información a la organización sobre las actividades de prevención y operacional de las fuerzas de seguridad con actuación en el lugar".

Sobre los demás acusados, el magistrado indicó que "estarían abocados a la manipulación directa de la droga, su transporte, al monitoreo de las rutas y caminos alternativos, como así también a coordinar con quienes recibirían los cargamentos de estupefacientes".

Por último, la acusación determinó que el dinero obtenido de comercializar la droga era "lavado" mediante la compra de viviendas y vehículos, que eran puestos a nombre de terceros con cédulas verde que autorizaban el manejo por parte de sus reales propietarios. Y se investiga el rol de esta asociación ilícita en otras 25 causas por narcotráfico.