Julio César Castro fue un esperanzado. Fiscal general ante un tribunal porteño con más de 25 años de carrera en el fuero penal, ex cabeza de la UFISEX, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos sexuales contra menores y parte del equipo acusador que llevó a la cárcel al portero Jorge Mangeri en el juicio por el femicidio de Ángeles Rawson, Castro se presentó en diciembre pasado ante la Comisión de Acuerdos del Senado con una recomendación del ministro Germán Garavano. Su propósito: ser juez federal, camarista. No lo consiguió.
Un desagradable legajo se dio a conocer en la audiencia, presenciada por nombres como Federico Pinedo. Primero, se le enrostró a Castro una acusación formulada de forma interna en la Procuración por una de sus ex empleadas, un relato de meses de acoso sexual y laboral que continuaron incluso cuando su supuesta víctima quedó embarazada. Lo segundo fue algo todavía más grave. Castro se retorcía en su silla y sudaba mientras oía los contenidos de un informe presentado por un abogado cercano a Cristian Ritondo que detallaba con capturas de pantalla los supuestos intentos del fiscal de seducir a una menor chaqueña en ese entonces de 15 años a través de Twitter, con mensajes que databan entre febrero y marzo de 2014.
Las acusaciones siguieron en un espiral descendente. Tiempo después, su ex pareja, una abogada de 30 años, lo denunció en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, para luego instar la acción tanto en el fuero civil como en el penal, con una restricción perimetral y una causa a cargo del juez Hernán López. La acusación: violación, dos situaciones de penetración anal forzada.
El juez López procesó a Castro el 28 de junio pasado, con una apelación que será disputada en una sala de la Cámara Criminal y Correccional conformada luego de que varios jueces se excusaran: el fiscal Ricardo Sáenz se encargará de impulsar la acusación contra su colega. En paralelo a la causa penal, la denuncia de acoso de la empleada de Castro disparó una investigación interna en la Procuración, encomendada por Alejandra Gils Carbó a la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri, que entrevistó a más de cuarenta testigos. A comienzos del mes pasado, Mazzaferri entregó su dictamen a la procuradora. Su contenido es terminante.
En el documento de más de 100 páginas, Mazzaferri, según revelaron fuentes judiciales a Infobae, sugirió que Castro sea removido de su cargo a través del mecanismo del jury de enjuiciamiento. La fiscal marplatense descubrió en su investigación no solo una, sino siete presuntas víctimas de acoso sexual de Castro. Cinco de ellas trabajaron con él en varias dependencias, otras dos eran empleadas en otras dependencias de la Justicia. "Una multitud de actos", apuntó Mazzaferri en su presentación, "que conforman un patrón de conducta permanente y verdadero terror laboral". "Todas las conductas atribuidas al doctor Julio César Castro se caracterizan por la cosificación de sus empleadas y funcionarias a su cargo y su consecuente despersonalización", aseguró la fiscal que tomó un criterio de trabajo exhaustivo que abarcó la carrera de Castro desde mediados de los 90, cuando fue designado fiscal.
La extorsión, por lo visto, habría sido el modus operandi: la promoción o el buen pasar o siquiera mantener los puestos de las empleadas "dependía de que las funcionarias dependientes de Castro accedieran a sus invitaciones o insinuaciones o que tuvieran que soportar sus comentarios sexuados o miradas libidinosas", apunta el informe. Los comentarios sucios y los avances no son los únicos elementos. "Maltrato", "descalificación" y "difamación" son otros términos empleados, ya que la investigación también investigó el maltrato laboral a empleados masculinos. Los tuits a la menor chaqueña, por otra parte, también fueron incluidos en el documento elevado a Gils Carbó.
El fiscal, al recibir los resultados de la investigación en su contra, presentó un descargo por escrito y pidió varias medidas de prueba que en sus cálculos lo favorecerían: Mazzaferri deberá decidir si acepta estos pedidos o no. Una vez que este informe esté cerrado, Gils Carbó deberá decidir si procede o no a ordenar un jury contra Castro. Si el jury falla en contra del fiscal, entonces será el fin de su carrera. En paralelo, la causa penal por abuso sexual continúa: el fiscal general también tiene la chance de quedar preso por violador.
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