Aumentaron a $5 millones la recompensa por datos sobre una menor secuestrada por su madre hace 4 años

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció un aumento en el monto de las recompensas destinadas a obtener información útil sobre el paradero de una menor que fue secuestrada por una mujer en 2021 y hasta el momento nada se sabe de ellas.

El nuevo monto asciende a cinco millones de pesos para cada una de las búsquedas, según la resolución 1299/2025 publicada en las primeras horas de este martes en el Boletín Oficial. La niña, identificada como Alicia Athenas Pichon Troszynski, tiene 7 años; mientras que sobre Sofía Belén Troszynski, la normativa no brindó mayores detalles. Según especificó Missing Children, la niña desapareció en julio de 2021. En paralelo, se mantiene vigente la línea telefónica 134 del Programa Nacional de Recompensas destinada a recibir información sobre ambos casos.

La ampliación del ofrecimiento responde a un pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola, con intervención de la Secretaría N° 118, liderada por el doctor Sebastián Ghersi. A través de un oficio emitido el 8 de julio pasado, el tribunal solicitó el incremento del monto inicial de un millón de pesos para cada caso, argumentando que desde la emisión de la recompensa original transcurrió un periodo considerable sin obtener resultados efectivos en la localización. La causa judicial se inició hace cuatro años bajo la carátula “Troszynski, Sofía Belén y otros s/ sustracción de una menor de 10 años de edad”.

Las resoluciones vigentes hasta ahora comprendían dos recompensas diferenciadas: una para quienes aporten información acerca del paradero de Pichon Troszynski, ciudadana argentina y francesa, sobre quien pesa una averiguación de paradero abierta desde el 19 de mayo de 2023, que incluye la difusión de su imagen y una alerta amarilla activa en el sistema internacional de Interpol, así como una prohibición de salida del país.

Y otra, destinada a datos útiles sobre la localización o captura de la mujer, ciudadana argentina y polaca. La orden se emitió en febrero de 2024, orientada a su detención y convocatoria a declaración indagatoria por presunta sustracción de menores.

La Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervinieron para avalar el trámite y adecuar los montos según la complejidad y la gravedad del delito investigado. La ley prevé que la autoridad de aplicación puede revisar y actualizar los montos ofrecidos, teniendo en cuenta el paso del tiempo y las particularidades de cada caso.

A su vez, precisaron que el pago de la recompensa quedará a cargo del Ministerio, que designará el lugar de entrega en resguardo de la identidad de la persona que provea datos con mérito comprobado. La medida instruye a la Dirección de Comunicación Institucional la difusión de la resolución y su anexo en medios de comunicación nacionales, mientras que ordena a las fuerzas policiales y de seguridad federales promocionar los afiches correspondientes.

Una semana atrás, la cartera de Seguridad dispuso una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar a Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 17 años desaparecida desde el 18 de septiembre en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Según los elementos recabados por la justicia, la menor dejó una carta dirigida a sus padres en la que anunciaba que se marchaba junto a su pareja, Cristian Velazco, de 32 años. La relación registró antecedentes de convivencia y rupturas recientes a raíz de conflictos. Fuentes de la investigación detallaron que Velazco cuenta con denuncias previas por violencia de género, incluida una presentada por la madre de la joven poco antes de la desaparición.

La fiscalía sostiene que existen evidencias de manipulación y control por parte del hombre sobre la adolescente. El expediente judicial descartó la hipótesis de una ausencia voluntaria y avanza sobre la posibilidad de privación ilegal de la libertad agravada, atendiendo a la diferencia de edad, el vínculo de pareja y el contexto de violencia.