El próximo sábado 18 de octubre por la tarde, una caravana encabezada por médicos y personal de la salud del Hospital de Pediatría Dr. Garrahan avanzará desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos. El objetivo de la movilización, convocada a partir de las 14:30, es exigir al presidente Javier Milei la implementación efectiva de la ley de emergencia pediátrica, junto con las normas referidas a discapacidad y financiamiento universitario, todas recientemente ratificadas en el Congreso de la Nación. La protesta, que incluirá un “ruidazo” frente a la residencia presidencial, sumará el reclamo de sectores universitarios y organizaciones vinculadas a la discapacidad, consolidando un frente común en defensa de la salud, la educación y los derechos sociales.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) comunicó que la convocatoria está dirigida a toda la comunidad, invitando a participar con cualquier medio de transporte desde el emblemático edificio parlamentario hasta Olivos. El mensaje insistentemente reiterado es que si la sociedad logra la aplicación de estas leyes, toda la población se verá beneficiada, descontando el argumento oficial sobre la supuesta falta de recursos económicos. “El presidente y su gobierno no nos escuchan, por eso vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y hacemos ruido para que nos escuchen”, comunicó la APyT, según información de APyT informa.
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Además de la marcha del sábado, un sector del personal agremiado impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, la última fecha disponible para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia en salud pediátrica. La medida fue decidida por asamblea y se plantea como un ultimátum para la administración nacional. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el gobierno aún no implementó la ley pese a su aprobación en ambas cámaras y luego de vencer el veto presidencial. El dirigente remarcó que “ese día será el último que tiene el gobierno de Milei para implementar la ley de emergencia en salud pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes (sanción e insistencia contra el veto)”, declaraciones distribuidas en la gacetilla de ATE.
El reclamo de los trabajadores va acompañado de una crítica al uso de recursos oficiales. Lipcovich sostuvo que “la excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”.
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El descontento se materializa también en el planteo de futuras acciones conjuntas con docentes universitarios agrupados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y colectivos del movimiento de discapacidad. El martes 14, las partes se reunirán en la sede central de la AGD-UBA, mientras que el miércoles 15 se ha programado un “ruidazo” frente a la Dirección del Garrahan. Lipcovich expresó que “además de nuestras propias acciones de lucha, e incluso presentaciones legales, realizaremos una coordinación con trabajadores y trabajadoras de la universidad y del movimiento de discapacidad. El reclamo por la implementación de las tres leyes nos encontrará juntos en las calles”.
Según las consignas oficiales de la APyT, el reclamo va más allá de las demandas sectoriales del hospital: “el reclamo no pertenece solo a los trabajadores del hospital, sino que involucra a toda la sociedad porque si ganan el Garrahan, la discapacidad y la universidad, ganamos todos”, según destacó la licenciada Norma Lezana, secretaria general del gremio, en declaraciones a APyT informa.
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En relación con las mejoras salariales concretadas tras las movilizaciones recientes, Gerardo Oroz, dirigente de ATE, subrayó que “el bono de $350000 y $450000 que conquistamos será permanente, según anunciaron tanto el gobierno como las autoridades del Garrahan”, un logro atribuido a “huelgas, asambleas y movilizaciones”. Oroz puntualizó que la recomposición salarial a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal, y advirtió que, ante cualquier intento del gobierno de desconocer derechos laborales, están dispuestos a “redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.
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