Tras obtener la autorización judicial correspondiente, la Municipalidad de La Plata puso en marcha este lunes a las 10 de la mañana la demolición del edificio que se incendió el pasado 16 de julio en la esquina de Diagonal 77 y calle 48, en pleno centro de la ciudad. La estructura de cuatro pisos, que funcionaba como un depósito clandestino de electrodomésticos, sufrió daños graves y quedó al borde del colapso.
La intervención busca dar una respuesta a los vecinos evacuados que desde hace más de una semana no pueden volver a sus casas y tras el riesgo que implica para las otras construcciones la inestabilidad del inmueble.
El operativo fue planificado tras un informe técnico elaborado por ingenieros especializados, quienes advirtieron sobre el alto riesgo de derrumbe. La prioridad, según indicaron las autoridades locales, será ejecutar el procedimiento con precisión para evitar daños en propiedades cercanas.
Parte de la estructura colapsada permanece vallada y con acceso restringido desde el día del incendio. Las llamas comenzaron en horas de la mañana del miércoles 16 y se expandieron rápidamente por todo el edificio.
Según los primeros peritajes realizados por los bomberos, el foco ígneo se habría originado en la planta baja, posiblemente por un cortocircuito en una oficina. Esa es, por ahora, la principal hipótesis. No obstante, la causa judicial sigue abierta y no se descartan otras líneas de investigación.
Durante más de cinco horas, quince dotaciones de bomberos, entre ellas equipos provenientes de Berisso, combatieron el fuego. Participaron también personal de Defensa Civil, la Policía Bonaerense, el SAME y el grupo USAR de la Policía Federal, que desplegó perros especializados para descartar víctimas entre los escombros. Aunque no se registraron heridos ni fallecidos, más de 50 familias debieron ser evacuadas de manera preventiva. Lo mismo ocurrió con alumnos y personal de escuelas cercanas.
El impacto del siniestro fue tal que, en plena vía pública, llegaron a caer heladeras y lavarropas desde los pisos superiores, arrastrados por el derrumbe parcial de la fachada. Además, varios vehículos resultaron destruidos por la caída de escombros.
Una mujer que vivía en una vivienda lindera perdió casi por completo su casa. El incendio también comprometió la red eléctrica de la zona y provocó el cierre de comercios debido a la interrupción del tránsito y la persistencia del olor a quemado.
Entre las preocupaciones centrales figura la situación de un edificio multifamiliar de ocho pisos, ubicado junto al depósito siniestrado, que permanece inhabilitado y desalojado desde el mismo día del incendio. Técnicos especializados aún deben determinar si su estructura permite que siga en pie o si será necesaria una nueva intervención.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza. En paralelo a la autorización de demolición, la Justicia imputó a Roxana Aloise, titular de la empresa que operaba el galpón, en el marco de una causa que busca esclarecer las responsabilidades en el incendio.
Según se indicó, el depósito había sido clausurado semanas antes del siniestro por parte del municipio, debido a que no contaba ni con habilitación ni con las condiciones mínimas de seguridad. Pese a eso, seguía en funcionamiento.
Una complicación adicional surgió durante las pericias posteriores al incendio: debajo de la estructura colapsada se hallaron dos tanques de nafta, remanentes de una antigua estación de servicio que operó en ese predio más de quince años atrás. Su presencia representa un factor de riesgo que obligará a una planificación minuciosa durante el procedimiento de demolición.
Los electrodomésticos almacenados en el interior del galpón fueron destruidos casi por completo. El valor de la mercadería, según fuentes del caso, rondaría el millón y medio de dólares. Actualmente, la zona permanece deshabitada y bajo custodia, a la espera de que se ejecute un proceso que, según estimaciones, podría prolongarse varios días.
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