A más de una semana del incendio y derrumbe que conmocionó al centro de La Plata, la Justicia local autorizó la demolición controlada del edificio ubicado en la esquina de Diagonal 77 y calle 48, que operaba como depósito clandestino de electrodomésticos y sufrió daños estructurales severos tras el siniestro.
La medida fue confirmada en las últimas horas por la Justicia. La decisión se tomó luego de una evaluación estructural realizada por profesionales ingenieros, quienes determinaron que el inmueble presentaba riesgos significativos de nuevos colapsos, según información del diario local El Día..
El depósito, de cuatro pisos, ardió durante más de cinco horas el pasado miércoles 16 de julio, en un incendio que no solo destruyó buena parte del edificio, sino que además dejó un panorama desolador en toda la zona: calles cortadas, olor persistente a quemado, comercios cerrados por la falta de circulación y vecinos sin poder volver a sus hogares. La estructura sigue vallada y con acceso restringido, mientras se espera que especialistas definan la fecha y el horario exactos en que se realizará la demolición.
La prioridad ahora será ejecutar el operativo con precisión, para evitar nuevos daños a las propiedades linderas. En particular, preocupa la situación de un edificio multifamiliar de ocho pisos, contiguo al depósito, que debió ser evacuado por precaución y sigue inhabilitado. Aún no está claro si podrá mantenerse en pie o si será necesario intervenir también en esa construcción.
Durante el siniestro, también se vio comprometida la red eléctrica, varios vehículos fueron destruidos por la caída de escombros, y una mujer que vivía en una casa aledaña perdió casi toda su vivienda. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron víctimas ni heridos, un dato que fue destacado en los primeros días tras el desastre.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso. Paralelamente a la autorización de la demolición, la Justicia imputó a Roxana Aloise, titular de la empresa que operaba el depósito, en el marco de una causa que busca establecer las causas del incendio y determinar eventuales responsabilidades. La estructura había sido clausurada semanas antes del incendio por parte del municipio, al no contar con habilitación ni con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para su funcionamiento. Pese a ello, seguía operando al momento del siniestro.
Los primeros peritajes realizados por bomberos señalaron que el origen del fuego habría sido accidental, posiblemente a raíz de un cortocircuito en una oficina ubicada en la planta baja. Esa hipótesis, que actualmente es la principal línea de investigación, se apoya en la ausencia de indicios de ingreso de personas al edificio antes del inicio del incendio. No obstante, la causa sigue abierta y no se descartan otras posibilidades.
Desde el momento en que comenzaron las llamas, el fuego se expandió rápidamente por la estructura. En total, intervinieron quince dotaciones de bomberos, incluidos equipos provenientes de Berisso, junto con Defensa Civil, la Policía Bonaerense y el SAME. En la vía pública, llegaron a caer electrodomésticos de gran porte, como heladeras y lavarropas, arrastrados por el derrumbe parcial de la fachada.
El operativo también requirió la evacuación preventiva de más de 50 familias, así como del personal y alumnado de escuelas cercanas. Por precaución, se desplegó el equipo USAR (Urban Search and Rescue) de la Policía Federal, con perros especializados para descartar la presencia de víctimas entre los escombros.
En paralelo al riesgo estructural, otro dato preocupante surgió durante las pericias: debajo de la estructura del edificio colapsado se encuentran dos tanques de nafta, remanentes de una antigua estación de servicio que funcionó allí hace más de quince años. Su presencia añade una complicación adicional al proceso de demolición, por lo que será necesaria una planificación minuciosa que contemple esa particularidad.
En cuanto a los daños materiales, los electrodomésticos que estaban almacenados en el interior del depósito fueron prácticamente destruidos en su totalidad. Su valor, estimado por fuentes del caso, rondaría el millón y medio de dólares.
Mientras se espera que las autoridades definan los detalles logísticos del operativo de demolición, la zona permanece deshabitada y fuertemente custodiada, a la espera de un proceso que podría extenderse varios días y que marcará el cierre de una etapa clave en el caso.
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