Desbarataron un consultorio médico clandestino en el Barrio 31: había medicamentos vencidos y documentos falsos

Una investigación de la Policía de la Ciudad permitió desarticular un centro de salud que operaba sin habilitación en pleno Barrio 31, donde se prestaban servicios médicos a personas vinculadas a hechos delictivos. El lugar fue clausurado tras un allanamiento que reveló la existencia de insumos vencidos, documentación apócrifa y equipamiento médico no autorizado, lo que derivó en la imputación de los dos médicos a cargo.

El operativo, encabezado por la División Investigaciones Especiales, se desarrolló en una vivienda ubicada sobre Sara Beatriz Fernández al 400, en el marco de una causa por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos públicos y comercialización indebida de medicamentos.

Según la investigación, el consultorio funcionaba en condiciones irregulares, sin habilitación oficial ni controles sanitarios. En el lugar se identificó a dos personas que ejercían la medicina, un hombre de 58 años y una mujer, quienes fueron imputados por infracción al artículo 204 del Código Penal, que sanciona la propagación de enfermedades, además de violaciones a la Ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, y a la Ley 16.463, referida al régimen legal de medicamentos.

Durante la inspección, los oficiales hallaron evidencia que confirmaba la existencia de una clínica ilegal. Entre los elementos secuestrados había camillas, estetoscopios, termómetros, nebulizadores, un ecógrafo, y un sistema para monitoreo de glucemia. También se incautaron medicamentos vencidos, recetas oficiales con sellos falsificados del Hospital Fernández, y certificados médicos adulterados, algunos de ellos firmados en nombre de un profesional ajeno al establecimiento.

Pero eso no fue todo. Los agentes también detectaron que uno de los imputados emitía recetas y certificados médicos utilizando el sello y la firma de un colega sin su consentimiento, lo que sumó un nuevo elemento a la acusación por falsificación de documentos públicos.

De acuerdo con fuentes del caso, los imputados continuaban con una operatoria similar a la de otro centro médico ya clausurado en julio de 2024, que había sido denunciado por atender incluso a personas con heridas de bala. En aquella oportunidad, además, se había encontrado un arma de fuego en el lugar.

Los investigadores ahora intentan determinar si las actividades ilícitas detectadas entonces fueron trasladadas a esta nueva dirección, continuando con el mismo esquema de funcionamiento ilegal. La sospecha se centra en que este nuevo consultorio habría sido una suerte de relocalización del centro desmantelado meses atrás, manteniendo el mismo perfil de atención y los vínculos con personas heridas en hechos delictivos.

En cuanto a la intervención judicial, el procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del fiscal Federico Tropea, y por el Juzgado N°26 del mismo fuero, encabezado por el Nicolás Repetto. Si bien los médicos quedaron imputados, el juzgado dispuso que recuperaran la libertad en el lugar, una vez completadas las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la AGC procedió a la clausura administrativa del establecimiento. Los organismos de control también elaboraron un informe técnico con los resultados de la inspección y remitieron los antecedentes a las autoridades judiciales.

Los elementos incautados fueron trasladados para su peritaje, mientras continúan las tareas de investigación para determinar la posible existencia de una red más amplia dedicada a la atención médica clandestina en la zona, utilizando identidades y sellos médicos falsos. Todo el material secuestrado quedó a disposición del juzgado interviniente.

Participaron brigadas de Delitos Complejos, agentes del Ministerio de Salud de la Nación, personal de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y efectivos de los cuerpos DOU y DUTP 1.