Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un corte en la avenida General Paz a la altura de la salida en Constituyentes. Los empleados del organismo rechazan los recortes que están llevando adelante desde el Gobierno Nacional, en un conflicto que crece.
En las primeras horas de la tarde, una importante cantidad de manifestantes se congregó en una de las bajadas sobre la General Paz, para interrumpir parcialmente la circulación de tránsito. La protesta se originó tras la decisión del Ejecutivo de avanzar con despidos y recortes presupuestarios.
Sobre el asfalto, los trabajadores exhibieron pancartas y exigieron la reincorporación de los cesanteados, además de rechazar cualquier intento de “desmantelar el organismo”, según informaron fuentes sindicales.
La intervención de los empleados del INTI representó un nuevo capítulo dentro de las tensiones que afectan al organismo vinculado con el conocimiento y la tecnología. Los manifestantes afirmaron que la reducción de personal y las limitaciones presupuestarias ponen en riesgo funciones centrales del instituto, entre ellas la certificación de calidad de productos y el apoyo tecnológico a la industria nacional.
Voceros de la representación gremial explicaron que la medida constituye solo una de las acciones previstas hasta tanto se reviertan las políticas que perciben como un “proceso de vaciamiento”.
Los empleados expresaron además su preocupación frente al impacto de la medida en el sistema científico. Según fuentes vinculadas al sector, el temor principal reside en el deterioro de la capacidad operativa y técnica del INTI.
Afirman que los despidos recientes afectan áreas claves en materia de análisis de materiales, tecnologías industriales y asistencia a pequeñas y medianas empresas. La representación sindical sumó en su reclamo el pedido por la recuperación de los puestos de trabajo y la garantía de un presupuesto “acorde con las funciones estratégicas” del organismo.
El reclamo de la Mesa de Enlace por el INTA
En simultáneo al conflicto del INTI, el sector agropecuario pidió formalmente al Ejecutivo que frene la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según informó Infobae, la Mesa de Enlace, integrada por las principales entidades rurales del país, remitió una carta al Gobierno para advertir sobre el “impacto negativo” que tendría una reducción de capacidades dentro del organismo dedicado al desarrollo y la investigación en el sector agropecuario.
El pedido del sector se produce en el contexto de recortes generalizados que afectan a distintos ámbitos técnicos y científicos de la administración pública, generando alarma en varias áreas productivas por el posible debilitamiento de los servicios tecnológicos estatales.
El conflicto que atraviesan los trabajadores del INTI se vincula con la iniciativa impulsada desde el Gobierno Nacional para reorganizar la estructura del Estado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según informó Infobae, el presidente Javier Milei prepara una disposición que permitirá eliminar o fusionar más de 50 organismos públicos, entre los cuales figuran entidades clave del sistema científico y técnico.
El futuro DNU prevé la revisión de institutos y agencias estatales, con el objetivo oficial de “ajustar la eficiencia del aparato público”, bajo una política de reducción del gasto. Dentro de esta lista aparecen organismos especializados en innovación tecnológica, control industrial y políticas de apoyo al desarrollo productivo, como el propio INTI.
Entre los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo se menciona la existencia de estructuras “superpuestas” y la necesidad de racionalizar funciones, aunque representantes de los trabajadores y diversos sectores advierten sobre la pérdida de capacidades estratégicas en áreas sensibles para la economía.
El texto del DNU habilitaría, según fuentes oficiales, la intervención directa del Gobierno en la revisión y eventual disolución, fusión o reconversión de institutos. Funcionarios consultados por Infobae indicaron que el proceso alcanzará a organismos del ámbito social, productivo, científico y tecnológico, defendiendo la medida como parte del compromiso de ordenar las cuentas del Estado. Sin embargo, la ausencia de consulta previa a profesionales y expertos generó malestar y encendió alertas en sindicatos, asociaciones técnicas y parte de la comunidad académica.
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