
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) mantuvo el martes 3 de junio un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en el que expuso su desacuerdo con tres de los principales cambios que el Gobierno nacional evalúa implementar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las entidades rurales advirtieron sobre los riesgos de modificar la autarquía, la gobernanza y la estructura de Centros Regionales, y reclamaron mantener estos pilares para preservar el funcionamiento del organismo.
Participaron en la reunión los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Carlos Castagnani, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, por Coninagro; Andrea Sarnari, por Federación Agraria Argentina (FAA); y Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA). También asistieron el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; su vicepresidenta, María “Pilu” Giraudo; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández.
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En el encuentro, los dirigentes rurales expresaron su preocupación ante las versiones que señalan la inminente publicación de un decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de reformar la estructura del INTA. Indicaron que comparten la necesidad de introducir cambios para modernizar el organismo, pero aclararon que estos no deben poner en riesgo su funcionamiento estratégico.
La resistencia de la Mesa de Enlace se concentró en tres puntos clave: la preservación de la autarquía administrativa y financiera, la continuidad del actual esquema de gobernanza con participación del sector agropecuario y la red territorial desplegada a través de los Centros Regionales, las estaciones experimentales y las agencias de extensión rural.
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Según señalaron, los productores requieren un organismo con capacidad técnica, presencia territorial y una estructura capaz de acompañar las necesidades del sector. “Los integrantes de la CEEA expresaron estar preocupados y comprometidos con el INTA, ya que los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, señalaron las entidades en un comunicado.
La inquietud rural se agravó por trascendidos que circulan dentro y fuera del organismo. De acuerdo con distintas fuentes, el Gobierno evalúa reducir de 10 a 8 los integrantes del Consejo Directivo, el máximo órgano de conducción del INTA, donde participan representantes de las entidades agropecuarias. También se estudia otorgar al Ministerio de Economía un control financiero directo, lo que implicaría un cambio en la autonomía del Instituto.
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En ese mismo contexto, circulan versiones sobre un recorte de 1500 puestos de trabajo, de una dotación actual cercana a los 6000 empleados, y el cierre o fusión de unidades en el interior del país. Este posible ajuste de personal y estructuras se inscribiría en una estrategia oficial para reducir gastos y rediseñar el rol del INTA en la política agropecuaria nacional.
Las entidades rurales recordaron que el INTA cuenta actualmente con 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y cerca de 258 agencias de extensión rural distribuidas en todo el país. Su funcionamiento se financia, en parte, con un aporte del 0,45% del valor CIF de las importaciones, y su presupuesto anual ronda los 230.000 millones de pesos.
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A lo largo del mes de mayo, la Mesa de Enlace sostuvo otros encuentros con funcionarios del Gobierno. El 8 de mayo, los presidentes de CRA, SRA, FAA y Coninagro mantuvieron una reunión con el secretario Sergio Iraeta en la que recibieron la confirmación de que el Ejecutivo trabaja en un decreto para reorganizar el INTA. Según detalló en ese momento la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari, el Gobierno aseguró que no planea fusionar el INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque sí proyecta modificar su estructura interna.
Sarnari explicó que en esa oportunidad las entidades plantearon la importancia estratégica del INTA, mientras los funcionarios comunicaron su intención de avanzar con reformas. “Nos dijeron que están pensando en un decreto que reformará el funcionamiento específico del Instituto”, indicó. “En las modificaciones va a trabajar el Consejo Directivo del INTA en base a un plan estratégico ya trazado”, añadió.
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Por su parte, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, sostuvo que se trata de una “modernización” del organismo. “Las formas y el cómo es en lo que se debe trabajar, y el Consejo Directivo va a enfocarse en cómo aggiornar ese plan estratégico que data del año 2015”, señaló. También explicó que algunas investigaciones del INTI pasarían a la órbita del INTA.
En paralelo a las gestiones de la Mesa de Enlace, trabajadores del INTA realizaron distintas asambleas internas y encuentros de coordinación. El lunes 2 de junio se desarrolló la cuarta Asamblea Virtual de Consejos Locales Asesores, con participación de técnicos, productores, representantes de la Mesa Agroalimentaria y personal del organismo. En esa reunión se consensuaron acciones para defender el rol del INTA como herramienta clave del desarrollo productivo.
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Además, los trabajadores definieron sumarse a movilizaciones junto a otros organismos públicos como Conicet, INTI y el Hospital Garrahan. También impulsaron reuniones con legisladores nacionales de las comisiones de Agricultura y de Ciencia y Técnica, y resolvieron visibilizar la situación en distintas provincias, mediante encuentros con representantes locales.
A su vez, el Consejo Directivo del organismo se mantiene en estado de alerta, con reuniones periódicas y preocupación por la falta de certezas respecto al rumbo de la transformación. Para algunos integrantes, el proceso aparece como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, con escaso margen de diálogo. Ante este escenario, la Mesa de Enlace proyecta abrir canales institucionales con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para expresar su postura y conocer detalles del decreto.
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En medio de la reestructuración, el Gobierno concretó designaciones clave en la nueva estructura del Instituto. Gustavo Abaurrea quedó a cargo de la Coordinación Operativa; Claudio Vinograd, en la Dirección General Administrativa; y Jorgelina Traut, en Comunicación. Permanecen pendientes otras definiciones sobre áreas como la Secretaría de Coordinación Técnica, Recursos Humanos y Sistemas de Información.
La dirigencia rural insistió en que cualquier reforma debe ser discutida con todos los actores del sector. En ese sentido, los representantes del agro en el Consejo Directivo plantearon que buscan acercarse a los funcionarios para explicar la situación crítica del INTA y proponer un camino más dialogado, que garantice la operatividad y territorialidad del organismo.
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El Gobierno nacional, por su parte, no confirmó oficialmente el contenido del decreto ni los plazos de publicación, pero las distintas señales oficiales indican que el proyecto de reforma avanza en el marco del plan de reorganización del Estado impulsado por el Presidente.
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