Seis empresas fueron autorizadas a comercializar cannabis legal antes del cambio de gobierno

Después de varias reuniones, internas a cielo abierto y definiciones a último momento, las autoridades de la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial (Ariccame) le otorgaron a seis empresas nacionales el permiso provisorio para comercializar sus producciones de cannabis de manera legal. Fue el último acto político de una Agencia que funcionó poco desde su creación, en enero de 2023, y cuyo futuro, con el gobierno de Javier Milei, es por ahora incierto.

El 9 de diciembre renunciaron su presidente, Francisco Echarren (también intendente de la ciudad bonaerense de Castelli), y dos de sus cuatro directores. Pero antes, ese mismo día, se aprobaron las autorizaciones con el aval de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Salieron bajo el formato de permisos provisorios, con duración de 12 meses prorrogables. Fue una coartada legal que el titular de la Agencia encontró en septiembre pasado, cuando vio que su promesa de terminar el año con “300 licencias otorgadas” sería imposible de cumplir.

Las beneficiarias son dos empresas estatales, Agrogenética Riojana (La Rioja) y Biofábrica Misiones (Misiones) y cuatro privadas, Inkillay (radicada en Tucumán), Whale leaf (Chubut, que trabaja bajo un acuerdo con el Conicet), Pampa Hemp y Botannicans (ambas de la provincia de Buenos Aires). Estas compañías integraban un grupo de 50 empresas que tenían una habilitación del Ministerio de Salud para “investigación y desarrollo” en el marco de la ley de cannabis medicinal, sancionada en 2017.

Pero esa legislación no permite la comercialización. Por lo tanto, casi todas presentaron un plan de adecuación a la nueva ley de cannabis industrial -promulgada en 2022- con el fin de obtener la licencia que sí permite la venta, la distribución y la exportación. Sin embargo, solo estas seis lograron pasar el filtro del control del Directorio, la semana pasada, y podrán continuar con sus proyectos. Todas podrán dedicarse a producir productos alimenticios, cosméticos, textiles o medicinales a base de la planta milenaria. Pero aunque gran parte de la torta del negocio del cannabis está en compra y venta de las flores (cogollos), el permiso provisorio no permite comercializarlas.

Agrogenética riojana posiblemente pueda iniciar un proceso para distribuir y vender el aceite El Federal, que ya se consigue en algunas farmacias de la provincia norteña. Será una competencia de origen enteramente nacional para otro producto que ya se comercializa y es fabricado por una empresa pública: el CBD10, de la jujeña Cannava, cuyas autoridades consideraron que no era necesario adecuar su producción a la nueva ley porque cuentan con el aval de la agencia nacional de medicamentos (ANMAT) como producto de grado farmacéutico.

Pampa Hemp, de inversiones privadas, apuesta también a producir no solamente la cosecha de flores sino fabricar sus propios productos medicinales y cosméticos. El único dispensario de cannabis de la Ciudad de Buenos Aires está en el barrio de Palermo y pertenece a esta empresa, que pretende autoabastecerse de punta a punta.

“Cualquier cosa que se aprobara era positivo para darle principio de ejecución y realidad concreta a la ley porque sino iba a quedar completamente abstracta”, destacó Pablo Fazio, presidente de Argencann, la cámara que nuclea empresarios de este nuevo sector, y cara visible de Pampa Hemp. Para él, era importante que Argentina pusiera primera en este tema: el país tiene potencialidad de alto nivel en el mundo dada la diversidad de regiones y climas y el grado de conocimiento de los científicos agrícolas.

Fazio cuenta que la consultora Euromonitor estimó en un análisis reciente que para 2027 la industria del cannabis moverá cerca de 100 mil millones de euros. Este cálculo incluye la comercialización de las flores de marihuana para consumo adulto, con alto contenido de THC, que ya es legal en varios países de Europa (no en Argentina), a los que está por sumarse nada menos que Alemania. La potencia europea podría ser uno de los grandes compradores del cannabis de producción local; de hecho, hace algunos meses una delegación de gobernadores locales viajó a ese país específicamente por la cuestión del cannabis legal.

Los empresarios creyeron que se terminaría el año sin conseguir permisos, autorizaciones ni licencias. Pocos apostaban a que Echarren pudiera conseguir dictamen jurídico y sentar a los directores a votar. Hace un mes los cuatro representantes del Estado le negaron el quorum para la votación por los permisos y plantearon que para otorgar algún aval sería necesario hacer inspecciones de todos los organismos intervinentes (Inta, Anmat, Inase, entre otros) para las que ya no había tiempo antes del 10 de diciembre. Echarren trató de convalidar ante el directorio la importancia política de irse del gobierno con autorizaciones otorgadas. Pero más de la mitad del directorio tiene perfil técnico y planteó fragilidades en ese aspecto.

Sólo Echarren y Mercedes La Gioiosa, directora en nombre de la cartera de Seguridad, estuvieron a favor de avanzar desde el primer momento. Gabriel Giménez, por Agricultura, Valeria Rudoy, por Ciencia y Tecnología, y Marcelo Morante, por Salud, pusieron reparos con el respaldo de las autoridades ministeriales. Poco después, la oficina de Asuntos Jurídicos de Economía dio el visto bueno legal para avanzar y eso aflojó apenas la resistencia.

Aunque jamás lo admitirán públicamente, algunos directores sintieron que después de eso hubo demasiada presión contra ellos para aprobar aunque fuera algunos proyectos.Hay quienes se sienten víctimas de operaciones de prensa, y otros que, directamente, recibieron llamados y mensajes de algún legislador muy interesado en que prospere la intención.

Una fuente del gobierno contó a este medio que hasta existió un llamado del ex presidente Alberto Fernández a un ministerio para convencer a su titular que tenían que aprobar al menos algunos de los permisos, los que cumplieran con casi todos los requisitos y que no hubiera una falta grave. No cayó bien el llamado de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Después de todo eso, hubo quórum para debatirlo y se llegó a un consenso para sacar los seis permisos, sin el aval a la comercialización de flores.

Dos directores se abstuvieron y dos votaron a favor. “Ninguno quiso tampoco ser el responsable de que mucha gente se quede sin trabajo”, comentó una fuente cercana a la mesa del directorio. El presidente de la Agencia desempató con su voto positivo. Terminada la compulsa, Echarren, La Gioiosa y Morante -que también fue máxima autoridad del Reprocann, el registro de usuarios medicinales- dieron por terminada su experiencia en la Agencia. Giménez y Rudoy, en cambio, por ahora seguirán. Pueden. El mandato dura cinco años.

“No me gustó lo que pasó, no fue prolijo, hubo mucha presión para que salieran al menos algunos proyectos”, comentó una de las personas que integraron el Directorio.

“La resolución de los permisos está viciada desde el inicio. Se trabaja la expectativa de la industria con permisos provisorios, válidos por 12 meses y en un gobierno de transición. Una decisión tomada después de perder las elecciones. Es una locura”, había comentado otro integrante del directorio a este medio días atrás, cuando agregó: “El director que firme eso va a quedar bajo la lupa. Hay continuidad jurídica en el Estado después de las elecciones, no se puede hacer así”.

“Lo mejor es que la ley tiene principio de ejecución y eso es importante porque no pueden derogar la ley de un plumazo”, consideró a Infobae Echarren. “Las dos victorias fueron la sanción de la ley industrial y el derecho adquirido que genera esta ley, no sólo para los seis proyectos aprobados sino para los 50 que se presentaron, a los que le falta documentación y que tienen derecho a recibir los permisos por el principio de igualdad ante la ley”, opinó el ex presidente de Ariccame.

Echarren entiende que una vez que el nuevo gobierno se acomode, la Agencia deberá continuar con el otorgamiento de permisos a la par que las 44 empresas que están en la lista presenten sus adecuaciones. “Por sentido común, si me dan un permiso para comercializar cannabis medicinal por primera vez y después va otro con los requisitos cumplidos no pueden decir que no, salvo que deroguen la ley, y ya no podrían hacerlo por decreto”, explica.

Echarren deja una Ariccame que nunca arrancó del todo. Se anunció la creación de una Ventanilla Única para agilizar los trámites de las licencias pero nunca se hizo. Tampoco se armó un equipo para fiscalizar los proyectos productivos en sus respectivos territorios.

“Hay montón de argumentos para la continuidad pero uno muy importante es la cantidad de usuarios que cursan tratamientos con cannabis con excelentes resultados, un montón de adultos mayores y chicos. Tenemos 50 proyectos en 19 provincias del país, y se generan muchísimos empleos”, agregó Fazio.

El gobierno saliente promovió esta ley cuando todavía existía el Ministerio de Producción, a cargo de Matías Kulfas, quien impulsó este proyecto. Para ese momento, el ex funcionario estimaba que en el corto plazo Argentina podría generar en este sector 10 mil puestos de trabajo.

Lo que hará el gobierno entrante es incierto. El Ministerio de Salud estará a cargo de Mario Russo y la secretaría de Producción todavía no tiene un referente. Se desconoce qué opinan en Economía y, si bien aún no se pronunció, Patricia Bullrich, a cargo de Seguridad, estaba en contra de esta ley. Tampoco se sabe qué opina Javier Milei sobre esta industria, que podría traer muchos dólares a un país que los necesita.