A través de una presentación firmada por su presidente, Diana Cohen Agrest, la asociación civil Usina de Justicia, que congrega a familiares de víctimas de la violencia delictiva, a abogados y otros profesionales, hizo una presentación en defensa del “derecho de las víctimas a ser informadas sobre las condiciones de detención y cumplimiento de las condenas” y de participar “en el proceso penal”.
Cabe señalar que, en razón de la pandemia de coronavirus, hubo una larga serie de decisiones judiciales en favor del otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos a los que se considera en riesgo. Beneficios que, según Usina, se concedieron “en violación a la normativa nacional y local” que regula el cumplimiento de las penas y las excarcelaciones.
Entre los beneficiados, hubo incluso casos de secuestradores, homicidas y violadores, es decir que en la decisión no se valoró el grado de peligrosidad de estos presos.
“En los centenares de casos en los que ahora se decide rápidamente otorgar prisiones domiciliarias, todos los detenidos presentaban peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, justamente por ese peligro, fueron puestos en prisión”, dice el escrito, elaborado con el asesoramiento del abogado Fernando Soto.
En muchos de los casos, además, los beneficiados con esta morigeacioón de prisión “se encontraban cumpliendo una condena firme”.
“Tanto el Código Penal (art. 10), como la Ley Nacional de Ejecución Penal (art. 32) y la Ley de Ejecución Penal Bonaerense nro. 12.256 (art. 19) sólo autorizan, como excepción, la concesión de una prisión domiciliaria al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal, o cuando se acredite que por su enfermedad no podrá recuperarse o tratarse adecuadamente en el establecimiento carcelario y su dolencia le impida su alojamiento en un hospital”, fundamenta la asociación en su escrito.
En estas medidas, además, no se verificó el paso previo que fija la ley: un dictamen de una comisión especial que fundamente y justifique la decisión.
“Nada de eso se está cumpliendo”, dicen desde Usina, en especial en la provincia de Buenos Aires, pues “no se han basado en que los internos se encuentren padeciendo una enfermedad terminal”, ni siquiera que “se encuentren enfermos”, sino en la mera “posibilidad” de que puedan enfermarse en prisión, “cuando no existía ni un solo caso de enfermedad de pandemia en ningún establecimiento penitenciario”.
“Nos oponemos firmemente a esas decisiones porque implican, lisa y llanamente, violar la Ley -insisten-. Vemos con preocupación que, una vez más, no se está cumpliendo con la Ley Nacional de Víctimas nro. 27.372 (art. 12), ni con la Ley Nacional de Ejecución Penal 2 (art. 11 bis) ni con el Código Procesal Penal de esta provincia (art. 86), que ordenan que, previamente a otorgar una prisión domiciliaria, deba informarse expresamente a la víctima para que formule su opinión, incurriendo en falta grave el juez que incumpliere dichos preceptos”.
De este modo, señalan, “las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos” y denuncia que en la práctica no funcionan los Defensores de las Víctimas, pese a que su institución “fue especialmente incluida en la Ley Nacional de Víctimas”, por lo que "no hay nadie que proteja sus derechos oponiéndose a la concesión de beneficios improcedentes para sus victimarios”.
“Los jueces están para hacer cumplir las leyes -sostiene Usina-, no para incumplirlas. Las condenas se dictan para ser cumplidas, no para ser incumplidas. Las víctimas también tienen Derechos Humanos que deben respetarse, y más aún en su caso, ya que se encontraron obligadas a participar en un proceso sin haber roto la ley”.
Con la seguidilla de concesiones de prisión domiciliaria, que se suma a la decisión de conceder el libre uso de celulares, computadoras e internet a los presos de la provincia de Buenos Aires, Usina de Justicia considera que “se están conculcando gravemente los Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Delito”.
Por todo ello, Usina -que en el escrito invoca también su calidad de Asociación Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA)- concluye su presentación solicitando que se tomen “las medidas pertinentes para hacer cesar en forma inmediata la violación a las leyes nacionales y locales, bajo apercibimiento de realizar las denuncias internacionales que fueren menester para hacer cesar de inmediato la violación a los Derechos Humanos de las víctimas”.
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