
La Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las actas de infracciones y contravenciones de tránsito sólo sean labradas por personal de planta y no por agentes que se encuentren en condición de contratados, como ocurre hasta el momento.
El decisión fue tomada por el juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de Guillermo Scheibler, a partir de una medida cautelar solicitada por una persona que se presentó “en su calidad de habitante afectado y conductor de automóvil”.
El denunciante sostuvo que la conducta del Ejecutivo local es “violatoria de los principios de legalidad, circulación, acceso a la justicia, defensa en juicio y seguridad jurídica de los habitantes” que están garantizados tanto en la Constitución Nacional como la de Capital Federal.
Según consignó la agencia Télam, el amparo tiene como objetivo instar al Gobierno porteño a “a dejar sin efecto la intervención de cuentapropistas, monotributistas contratados por el Gobierno de la Ciudad para el ejercicio de funciones reservadas a los funcionarios de Agentes de Control de Tránsito y Transporte” y disponer la “invalidez de actas extendidas por ellos”.

Al respecto, Scheibler consideró que “el requisito de la estabilidad de los agentes adquiere especial relevancia, ya que quienes desempeñan tales funciones deben encontrarse en una situación jurídica y en condiciones de servicio que los independicen de cualquier influencia exterior indebida”.
El magistrado otorgó, en parte, la cautelar y recordó que “la ley 5.688 faculta a los agentes del Cuerpo de Tránsito y Transporte para realizar múltiples funciones y, concretamente, la de labrar actas de infracciones y contravenciones”. Esto, expresó, significa “una manifestación relevante del ejercicio del poder punitivo del Estado”.
Por otra parte, el juez rechazó el pedido de declarar inválidas las actas de infracciones y contravenciones ya labradas por empleados monotributistas contratados por la Ciudad. Al respecto, señaló que “no se encuentra acreditado este recaudo, toda vez que el planteo ha sido formulado de modo genérico sin demostrar la eventual ineficacia de las instancias administrativas y judiciales previstas”.
La medida judicial llega pocas semanas después del accidente en el que murió la agente de tránsito Cinthia Choque, de 27 años, y por el cual permaneció más de un mes internado su compañero de trabajo, Santiago Siciliano.

Ambos fueron atropellados en la madrugada del 8 de septiembre por el periodista Eugenio Veppo, quien, según se investiga, habría querido evitar un control de alcoholemia en la intersección de Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio de Palermo.
El hecho provocó el descontento de varios empleados del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes se manifestaron para reclamar que todos los trabajadores del organismo sean pasados a planta permanente, cuando actualmente el 70% de ellos es contratado.
El tema fue tratado incluso en el último debate entre los candidatos a jefe de Gobierno: Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, le reclamó una solución a este problema al actual mandatario Horacio Rodríguez Larreta, quien explicó que la Ciudad cuenta con un sistema en el cual los trabajadores van siendo efectivizados por tandas.

Por su parte, Viviam Perrone, integrante de la agrupación Madres del Dolor, explicó que “hay mucha gente que trabaja como monotributista y todo lo que hacen tiene la misma legalidad de quienes están en planta”.
“Mientras estén trabajando y acepten esos términos todo lo que hacen es legal, esas multas tienen validez, quien no quiera pagar la multa va a agarrarse de todo lo que puedan, pero tenemos que entender que los límites salvan vidas”, señaló la mujer a Télam.
Y agregó: “Por su puesto que estamos de acuerdo con que se tiene que hacer efectivos los cargos de cualquier persona que este trabajando para el gobierno porque no cobran aguinaldo, ni vacaciones, ni saben cuanto tiempo más tendrán trabajo”.
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